Sin escupir al cielo

Por César Campos
cesarcamposlima@yahoo.com

Nadie duda que la falta de austeridad y transparencia en la disposición de los recursos del estado, constituye hoy un elemento neurálgico para explicar la ira ciudadana contra la clase política.

Desde la presidencia de la República, pasando por los ministerios, el Congreso, el Poder Judicial, las instituciones autónomas y los gobiernos regionales o locales, todo exceso comprobado dentro del manejo presupuestal provoca desconfianza hacia las esferas públicas y contrastes respecto al modo de vida del peruano común.

En efecto, las votaciones del 9 de abril y del 4 de junio a favor de Ollanta Humala no sólo tienen la lectura de quien podía encarnar mejor la voz de los marginales y desposeídos.

También traducen un juicio severo a las muestras de dispendio, sibaritismo y aprovechamiento de quienes exhiben repentina prosperidad a la luz de un cargo público, mientras que el resto mantiene su ajustada supervivencia. Ollanta se concentró en ese mensaje durante la campaña y ahora Alan García lo enfatiza bajo la membresía de presidente electo.

Muy bien como reclamo y compromiso, sin embargo, los laberintos remunerativos estatales vigentes deberían suscitar del nuevo gobierno una oferta muy clara de cambio o mejora más que la escandalera de su repudio.

Porque hasta en la Cochinchina hoy se lucha contra el clientelismo laboral a través de normas específicas sobre la carrera pública.

El tema de fondo no es crear la sensación de que los funcionarios convocados por la nueva administración aprista serán filántropos nacionalistas o épicos capaz de dar su sangre en un gobierno que –a diferencia de 1985– no tendrá mayoría parlamentaria propia, estará expuesto a una severa fiscalización y requerirá profesionales independientes calificados.Recordemos también que en el año 1985 el primer gobierno del doctor García hizo la finta de bajar la valla salarial pública a niveles ínfimos, pero se vio obligado el mes de setiembre del mismo año a promulgar un Decreto Supremo que garantizaba una asignación especial al cargo de la alta dirección de toda la burocracia, con la cual se reemplazó las llamadas “planillas secretas” del segundo belaundismo (en realidad, un plus a la gestión del Estado financiado por el Banco Mundial).

De manera que no es conveniente escupir al cielo y más bien ofrecer alternativas frente al desorden de la carrera pública. Hay proyectos sobre la materia en el Congreso. El reto es discutirlos, aprobarlos y ejecutarlos.