Venezuela: CORRUPCION, Diez años y nada

En marzo de 1996, 34 países de América suscribieron en Caracas la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC), con el objetivo de librar a este Continente de la carga que significa la corrupción. Esta Convención fue ratificada en 1997 por los Estados firmantes, entre los cuales se cuenta Venezuela.

Desde entonces, cada dos años, la Convención da a conocer una evaluación país por país realizada por un comité de expertos, en base a tres procedimientos: 1) La revisión y análisis del informe que presenta la contraparte oficial en respuesta a un cuestionario previamente aprobado. En Venezuela, la contraparte oficial es la Contraloría General de la República. 2) la revisión y análisis del informe alterno que presenta una organización civil acreditada ante la OEA (en el caso de Venezuela es Transparencia Venezuela), y 3) una evaluación de expertos independientes que visitan cada país.

Esta semana Transparency International, una Ong con sede en Berlín, conmemora en Caracas los 10 años de la Convención. En este evento se presentarán los avances realizados en los temas de integridad pública de los países participantes en los dos últimos años, además de ponencias de invitados internacionales sobre temáticas diversas, entre otras: El acceso a la información pública como herramienta de política pública y demanda social, la participación ciudadana y la importancia del sector privado en la lucha contra la corrupción. Y también presentarán el Código Iberoamericano de Buen Gobierno.

En opinión de VenEconomía y aún sin conocerse el informe de la Convención sobre Venezuela para este bienio, lo más probable es que éste reflejará que el avance de este país en cuanto a la lucha contra la corrupción ha sido pobre, por decir ninguna. En Venezuela se habla mucho sobre la corrupción de los entes del Gobierno, pero se hace muy poco por evitarla o sancionarla. Lo peor, las instituciones públicas que por Constitución de la República y por ley deben actuar para combatirla, parecieran ser sordas, ciegas y mudas.

Existe una falta de seriedad para atacar este flagelo, si se toman en cuenta sólo tres (de decenas) indicios de corrupción flagrante sin penas ni castigos: El primero, la denuncia realizada por el Miami Herald sobre el cobro de comisiones por venta de petróleo, con nombres, apellidos y números de cuentas bancarias de los involucrados y copia de los contratos. El Gobierno no hizo nada al respecto y sólo se limitó a amenazar al periódico con una demanda que nunca concretó. Segundo, el caso de la Ciudad Judicial Lebrún, llamada a ser sede de los tribunales civiles y penales de Caracas, cuyo principal presunto indiciado está en España, sin ningún juicio o investigación pendiente. El tercero, el caso del Central Azucarero Ezequiel Zamora (CAEZ), investigado por la Asamblea Nacional y engavetado desde hace casi un año, sin que tampoco se haya dado un informe final determinando los daños y castigando a los responsables.

En Venezuela lamentablemente, diez años y dos gobiernos, han dado pírricos resultados en la lucha contra la corrupción.