El presidente de Perú, Alan García, exigió hoy a un juez responsable del desalojo de un mercado capitalino, invadido por miles de comerciantes, que tome la decisión para cumplir con ello, tras criticar 'la lentitud' e 'indecisión' del Poder Judicial.
El jefe de Estado reaccionó hoy con dureza por la actitud del juez Carlos Morales, que ayer impidió el desalojo del mercado de Santa Anita, cuando ya se habían desplazado hacia el lugar unos 7.000 efectivos.
'Me causa extrañeza que, cuando todo está preparado, (...) el juez, que parece una persona inexperta, decida dar un paso atrás y de esa manera alargar un tema que parece una agonía', declaró García.
El mandatario agregó que ya no es posible mantener un diálogo con los vendedores, atrincherados en el mercado desde hace 22 días, porque ya se agotaron cinco años de negociaciones.
No obstante, sugirió que el alcalde de Lima, Luis Castañeda, ofrezca algún tipo de traslado pacífico a los comerciantes para evitar el uso de la fuerza en el cumplimiento de la ley.
'El gobierno cumplirá siempre las resoluciones judiciales, pero exijo que hayan resoluciones. Terminemos de una vez con esta expectativa que no le hace bien a nadie', añadió.
Alrededor de 3.000 comerciantes invadieron en 2002 el mercado de Santa Anita, en un terreno de 80 hectáreas, pero la justicia peruana ordenó, tras un largo proceso judicial, que la propiedad sea devuelta a la municipalidad de Lima.
Al cumplirse el plazo para que los vendedores abandonen el mercado, el pasado 4 de mayo, éstos decidieron atrincherarse en el lugar y defender su posición con sus vidas y las de sus pequeños hijos.
Sin embargo, la presencia de decenas de niños en el interior del mercado ha generado pedidos de diversos sectores e instituciones para que se tomen todas las precauciones necesarias para evitar un desenlace trágico.
Los familiares de algunos comerciantes atrincherados han denunciado que los dirigentes les han ofrecido 50 soles (unos 15 dólares) por cada niño que permanezca en el lugar.
El ministro del Interior, Luis Alva, confirmó hoy que 100 policías femeninas serán las encargadas de dar protección a los menores, al momento en que se produzca la intervención policial.
Alva dijo que sólo esperan la orden judicial con 'el día y hora' del desalojo, porque la policía está lista para ejecutarla.
La autoridad aclaró que los policías ingresarán sólo con sus escudos, pero que un pequeño grupo armado estará encargado de detener a los comerciantes que se han proveído de armas caseras.
La policía redujo hoy el tránsito en los alrededores del mercado con la instalación de barandas de metal, que impiden el ingreso de más personas en el lugar.
Los vendedores atrincherados respondieron a la policía lanzando objetos desde unas torres de vigilancia y con la quema de fogatas.
Sin embargo, en todo el distrito de Santa Anita, donde se encuentra el mercado, rige desde ayer el estado de emergencia, por orden gubernamental, que autoriza a la policía a intervenir.
Los canales de televisión que se encuentran en las inmediaciones del mercado captaron a varios comerciantes huyendo del mercado con sus hijos por las paredes colindantes con otras construcciones, ante la negativa de los dirigentes de dejarlos partir voluntariamente.
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