Demanda justa

Por César Campos R.

Carezco de memoria histórica para asegurar cuál discurso pronunciado un 28 de julio en el seno del Congreso –desde que se estableciera a los jefes de Estado la obligación constitucional de informarle al país sus tareas y propósitos– mereció alguna vez el aplauso casi unánime de ciudadanos y analistas políticos. Sólo por hablar de los últimos 50 años, es probable que los de Manuel Prado (1956), Víctor Raúl Haya de la Torre (Constituyente de 1978) y Fernando Belaunde (1980) hayan tenido la complacencia mayoritaria por haberse expuesto en periodos de transición democrática.

Alan García en 1985, pese al juicio tan claro sobre los problemas profundos del Perú y anuncios de gran envergadura, fue criticado por presentar varios proyectos de ley antes de juramentar al primer gabinete del gobierno aprista, el mismo que debía refrendarlos. Y Alberto Fujimori (1990) despertó más suspicacias que certezas. De cal y de arena; así ha sido el destino de los informes presidenciales ante el Parlamento.

Sin embargo, las críticas que ha merecido el que formuló García Pérez este último sábado, por evidenciar las fortaleza económica de la gran mayoría de regiones y la posibilidad de que respondan ante sus pueblos sobre las obras pendientes, habla de un extremismo opositor cínico e incoherente.

Durante más de un siglo, el Perú profundo ha clamado por la descentralización. Mal que bien, como lo hemos dicho antes, existen gobiernos regionales desde enero de 2003. A trompicones pero sin pausa, se les ha ido transfiriendo competencias y recursos. Las bases para sumar esfuerzos entre esas regiones –dejando atrás el estrecho contexto de la unidad departamental– están dadas y podrán constituirse en grandes conglomerados territoriales con un potencial insospechado.

Entonces, ¿en qué radica la afrenta presidencial a esta realidad? Si los gobiernos regionales no son tales, ¿qué son? ¿Cuándo asumirán plenamente sus atribuciones y dejarán de culpar de sus deficiencias a otras instancias del Estado? ¿Serán capaces de demostrar los de Puno y Huancavelica que carecen de la asignación fiscal expresada por el Primer Mandatario?