César Campos Rcamcesar@gmail.com
No son elementos insulares de la coyuntura el hecho que miembros de la Policía Nacional caigan abatidos por sicarios del narcotráfico, algunos vehículos con pasajeros se despisten hacia un precipicio o sean asaltados por delincuentes de carreteras, la reconstrucción de las zonas devastadas por el sismo de agosto sea lenta y diversas poblaciones tomen la ofensiva más drástica contra las exploraciones o explotaciones mineras.
Todos ellos tienen en común la debilidad de un Estado que no les vale a los gobiernos central, regional o local, ni a otras instituciones públicas y mucho menos a los ciudadanos. Ese Estado –se ha dicho en todos los idiomas– constituye el grillete que ataja el avance del país, asegura la exclusión social, debilita el sistema representativo y menoscaba los escenarios de diálogo donde los peruanos deberíamos entendernos básicamente.
Es una verdad monda y lironda que los narcotraficantes controlan áreas importantes en los valles de la selva central; no tanto por su dimensión como por lo que representan en cuanto a rutas de trocha o carrozables que integran una diversidad de localidades. Ello crea una lógica de vida entre sus pobladores ligada al ritmo de una actividad delictiva que supera el ímpetu estatal por detenerla.
Lo mismo ocurre con el sistema de transporte interprovincial, que es muy grato a los cánones informales en vista de las limitadas capacidades de la autoridad pública para monitorearlo. Encima, esta autoridad avanza paquidérmicamente en la mejora de las carreteras y el otorgamiento de las concesiones, a la vez que se encuentra fraccionada para hacer efectivos planes tan coherentes como el de Tolerancia Cero.
Encima, la sabiduría fujimorista –en su versión Carlos Boloña– eliminó el fondo pagado por las empresas formales de transporte con el cual se pudo financiar, durante un buen tiempo, la adquisición de nuevas unidades vehiculares para la Policía de Carreteras y así evitar muchos asaltos en estas vías.
Estamos arribando a un punto de no retorno en el desgaste del viejo Estado que hace patalear a tirios y troyanos. La opción es única e impostergable: o lo cambiamos o sucumbimos con él en su paralizante agonía.
Todos ellos tienen en común la debilidad de un Estado que no les vale a los gobiernos central, regional o local, ni a otras instituciones públicas y mucho menos a los ciudadanos. Ese Estado –se ha dicho en todos los idiomas– constituye el grillete que ataja el avance del país, asegura la exclusión social, debilita el sistema representativo y menoscaba los escenarios de diálogo donde los peruanos deberíamos entendernos básicamente.
Es una verdad monda y lironda que los narcotraficantes controlan áreas importantes en los valles de la selva central; no tanto por su dimensión como por lo que representan en cuanto a rutas de trocha o carrozables que integran una diversidad de localidades. Ello crea una lógica de vida entre sus pobladores ligada al ritmo de una actividad delictiva que supera el ímpetu estatal por detenerla.
Lo mismo ocurre con el sistema de transporte interprovincial, que es muy grato a los cánones informales en vista de las limitadas capacidades de la autoridad pública para monitorearlo. Encima, esta autoridad avanza paquidérmicamente en la mejora de las carreteras y el otorgamiento de las concesiones, a la vez que se encuentra fraccionada para hacer efectivos planes tan coherentes como el de Tolerancia Cero.
Encima, la sabiduría fujimorista –en su versión Carlos Boloña– eliminó el fondo pagado por las empresas formales de transporte con el cual se pudo financiar, durante un buen tiempo, la adquisición de nuevas unidades vehiculares para la Policía de Carreteras y así evitar muchos asaltos en estas vías.
Estamos arribando a un punto de no retorno en el desgaste del viejo Estado que hace patalear a tirios y troyanos. La opción es única e impostergable: o lo cambiamos o sucumbimos con él en su paralizante agonía.
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