Entrevista de Mario Camoirano
Correo: El programa de "Colegios Emblemáticos" se basó en un Decreto de Urgencia (DU) que la Megacomisión concluye que es inconstitucional por no sustentarse en una situación de emergencia y carecer de sustento técnico.
José Antonio Chang: Para el 2009 ya era evidente la retracción de la inversión privada en el país como consecuencia de la crisis financiera internacional iniciada en setiembre del 2008...
C: Pero el presidente García sostenía que estábamos blindados.
JAC: El Presidente no podía asumir ni transmitir una posición derrotista y depresiva; pero al interior del gabinete el debate era cómo impulsar la inversión pública para contrarrestar la caída de la inversión privada y el peligro inminente de pérdida de empleos y de caer en la inercia. Se pidió a todos los sectores ver de qué manera apoyar. En el ministerio existía un informe de mi antecesor durante el gobierno de Toledo, el Arq. Sota Nadal, donde señala que casi el 80% de la infraestructura no recibía mantenimiento desde hacía más de cuarenta años. El Programa de "Colegios Emblemáticos" no sólo servía para impulsar la inversión sino para solucionar el grave peligro al que se exponían miles de escolares.
C: Para la Megacomisión el objetivo final del DU era evadir controles
JAC: Es una de las grandes confusiones de este informe. En situaciones normales se requiere de un sustento técnico y legal para exonerar del procedimiento de licitación o concurso a un proceso de contratación. Pero aquí es el propio DU, que tiene fuerza de ley, el que crea la excepción ante una situación a todas luces evidente y enmarcado dentro del Plan Anticrisis. Lo peor es que no se dan cuenta que se están disparando al pie.
C: ¿Cómo así?
JAC: ¿Si el DU era inconstitucional cómo es posible que Daniel Abugattás o Fredy Otárola propusieran proyectos de ley para declarar emblemáticos a más de veinte centros educativos, con el objetivo de que se incorporaran a los mecanismos del DU? Por lo demás, el propio gobierno de Ollanta Humala está realizando contrataciones exoneradas en base al DU, una de ellas en el propio colegio Melitón Carvajal, por lo que siguiendo el razonamiento de la Megacomisión los congresistas Tejada o Lescano deberían estar denunciando a la ministra Salas. El silencio del Congreso al no recomendar la derogatoria del DU dentro del plazo que la Constitución le señala, constituye una convalidación tácita de la norma y cualquier abogado sabe, salvo al parecer los que asesoran a la Megacomisión y los abogados que la integran, que mientras una norma no sea declarada inconstitucional, sea por el Congreso, sea por el Tribunal Constitucional se presume constitucional y los actos realizados bajo su amparo gozan del mismo beneficio. La Megacomisión recomienda que se derogue el DU, pero aun si eso ocurre esto no tendría efecto retroactivo, de manera que todas las contrataciones hechas bajo ese marco legal seguirán siendo válidas.
C: Otra conclusión de la Megacomisión es que en la ejecución de los contratos hubo incrementos injustificados de los montos presupuestados en las fichas del SNIP. ¿El DU no obliga acaso a respetar la Ley de Contrataciones en la ejecución de las obras?
JAC: Las fichas SNIP de muchos de los colegios del programa tenían varios años de antigüedad, por lo que pueden estar desfasadas económicamente. Además, en muchos casos, se referían a perfiles de proyecto distintos. El programa que diseñamos tenía por objetivo una remodelación que pusiera en un nivel competitivo toda la infraestructura de un colegio y no sólo un pabellón o una losa. Por eso siempre solicitamos que se efectuaran peritajes reales y no de colegios profesionales desacreditados. No tienen elementos de juicio para concluir que existen evidencias de sobrevaluación.
C: Tal vez la conclusión más grave en su contra es que al mantener vínculo laboral remunerado y comercial con la Universidad de San Martín de Porres (USMP) y disponer que se contrate con esa universidad o con empresas vinculadas ha incurrido en delito de negociación incompatible.
JAC: Yo no tengo relación comercial con la USMP. Sí tengo una relación laboral, pero ésta estuvo suspendida durante todo el tiempo que fui ministro. Por tanto jamás ejercí labores de rector paralelamente al despacho ministerial, como no lo hizo Marcial Rubio cuando siendo vicerrector de la Católica fue ministro de Educación. Respecto a lo haber beneficiado a la USMP, quisiera que me sacaran un solo contrato con la USMP de algún ministerio a mi cargo. Yo instruí a mis viceministros que estaba prohibido contratar a la USMP.
C: El informe habla de contratos por S/. 1'700,895 sin identificarlos.
JAC: Lo que demuestra lo mal que hicieron su trabajo. En lugar de investigar en el portal de la OSCE lo hicieron en el del MEF. En uno se registra las contrataciones, mientras en el otro la ejecución. Ese contrato que me endilgan es un contrato firmado por la PCM con la USMP para fondos de investigación en Sacha Inchi firmado en el 2007 y que se terminaron de pagar cuando yo era premier. ¿Qué tenía que hacer? ¿Dejar de pagarle?
C: ¿Y respecto a los contratos del Ministerio de Educación con las empresas vinculadas CEDOSAC y Building S.A.C.?
JAC: La USMP tiene 1,500 proveedores. Sostener que porque esas dos empresas, porque tienen contratos con la USMP no podían ser contratadas por el ministerio es absurdo. Bajo esa hipótesis no contemplada en ninguna ley, el ministerio no podía tener contratos con Telefónica o poner publicidad en La República u otro diario porque también son proveedores de la USMP. Todo esto demuestra que después de nueve meses dedicados a investigar un solo colegio no podían llegar a 28 de julio sin acusar a alguien. Necesitaban desesperadamente justificar su existencia. Me resulta difícil creer que el presidente Humala, con todos los graves problemas que afrenta, esté dedicándose a la persecución política. Sí creo que el fragor de las últimas elecciones políticas ha dejado malestares y odios en algunos que "respiran por los poros" de ese documento.
0 comentarios:
Publicar un comentario