El Partido Aprista Peruano (PAP) presentó hoy un recurso de nulidad ante la Justicia para que quede sin efecto un informe aprobado por el Congreso que propone acusar constitucionalmente a su líder, el expresidente Alan García, por presuntas irregularidades al otorgar indultos en su Gobierno.
En una rueda de prensa, el secretario general político del PAP, Jorge del Castillo, afirmó que se ha presentado el recurso al Quinto Juzgado Constitucional del Poder Judicial porque hubo una "trasgresión al debido proceso", al no considerarse un fallo emitido por la Justicia.
"Esta decisión de ayer no ha tomado en cuenta la sentencia judicial. El fallo ha declarado nulo el proceso investigatorio y anula sus consecuencias. Por tanto esto no puede surtir ningún efecto", afirmó Del Castillo.
En abril pasado, García resultó beneficiado con un fallo que anulaba parte de la investigación de una comisión especial del Congreso sobre su segundo Gobierno (2006-2011) por presuntos actos de corrupción, debido a que no se precisó "de manera puntual la conducta ilícita y presunto delito y/o infracción constitucional" del exmandatario.
Según el informe de la comisión parlamentaria, durante el segundo Gobierno de García, el expresidente aprobó el otorgamiento de más de 5.000 indultos y reducciones de pena a procesados por distintos delitos, incluidos alrededor de 400 por narcotráfico.
El informe de la comisión, que investigó además otros ocho casos de presunta corrupción, fue aprobado anoche por el pleno del Parlamento por 53 votos a favor, siete en contra y siete abstenciones, después de un largo debate y el fujimorismo marcó asistencia pero no voto.
Llamó la atención que los 38 congresistas de Fuerza Popular que participaron en el debate decidieron no participar de la votación en el hemiciclo. Antes la congresista Luciana León denunció una "alianza contra-natura" entre el oficialismo y el fujimorismo para vetar electoralmente a García Pérez.
Para Omar Quesada, secretario institucional del PAP, también presente en la rueda de prensa, la acusación a García es parte de una estrategia política para "inhabilitar" al exmandatario con miras a las elecciones presidenciales de 2016.
"No han podido demostrar sino con testimonios de dudosa credibilidad algún acto irregular, no en el presidente, sino en funcionarios menores. Pero aquí quieren inhabilitar posteriormente al adversario al que le tienen miedo", sostuvo Quesada.
Los dirigentes del PAP dijeron que no descartaban acudir a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA si no se respetaba el fallo judicial que beneficiaba a García.
Más temprano, desde su cuenta de Twitter, el ex mandatario Alan García Pérez señaló que la decisión del Congreso no tiene "validez ni tendrá consecuencia jurídica" y que era parte de una "venganza conyugal", ordenada por el presidente peruano, Ollanta Humala, y por su aliado, el exmandatario.
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