Aunque es un proyecto completamente diseñado y contratado 3 años después del fin de mi gobierno, hoy he asistido a la Fiscalía para prestar testimonio por segunda vez, sobre el Proyecto del Gasoducto Sur, como lo haré ante cualquier convocatoria judicial o del Congreso, para colaborar en la investigación y sanción de los gravísimos hechos de corrupción que conmueven al país.
En el año 2008 se contrató la construcción de un gasoducto por valor de US 1,300 millones, por cuenta y riesgo del inversionista privado, sin inversión pública ni pago de su construcción en las facturas de luz de los hogares del Perú. Pero en el 2014, ese contrato fue inexplicablemente anulado y sustituído por un nuevo contrato con un costo total de US 7,328 millones, en el cual el Estado participaba garantizando la utilidad de la empresa por el transporte de 500 millones de pies cúbicos de gas, hubiera o no gas, o tuviera clientes o no la empresa.
Entonces sostuve que el nuevo proyecto era sobredimensionado y lesivo a la economía del país además de ilegal e injusto, porque, desde la firma, los hogares e industrias del Perú pagaban, en sus facturas de luz, la construcción del gasoducto. Además, se habían denunciado graves irregularidades en el proceso. Sostengo, ahora, que el gobierno debe restituir a los consumidores lo que se les cobró indebidamente tal como lo aprobó el Congreso.
Cumplo así mi deber como expresidente, como lo haré en cualquier tema y ante cualquier convocatoria a la que siempre asistiré. Y colaboraré y apoyaré a la justicia para que todo funcionario corrompido sea severamente sancionado. Ajeno a sobornos y coimas, creo que la única y verdadera riqueza para un político es el honor de servir al pueblo y de haber representado a la Nación.
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