Por Carlos Lauría - Estados Unidos(*)
Agotadas hasta el momento las instancias judiciales preventivas, el canal de televisión privado más antiguo de Venezuela, RCTV, saldrá del aire a las 11.59 p.m. del domingo. Por decisión del presidente Hugo Chávez la frecuencia de RCTV será remplazada por la Televisora Venezolana Social, o TEVES, una estación de servicio público que comenzará a transmitir a partir del lunes próximo.
Según un decreto presidencial, el objetivo de TEVES es garantizar servicios públicos de radio y televisión con el fin de permitir a los venezolanos el acceso universal a la información y el derecho a la libertad de expresión.
El miércoles, RCTV vio definitivamente clausurada toda posibilidad de impedir la acción del gobierno cuando el Tribunal Supremo de Justicia consideró “improcedente” el pedido de amparo cautelar solicitado por los abogados de RCTV. La decisión implica que RCTV deberá salir del aire en la medianoche del domingo aunque el tribunal admitió el recurso de nulidad presentado por la televisora, dejando abierta la posibilidad de un juicio.
El gobierno venezolano asegura que el gobierno no tendrá ninguna injerencia en la nueva programación del canal, abierta a productores independientes y comunitarios. Sin embargo, el decreto presidencial que establece la creación de TEVES estipula que cinco de los siete miembros del directorio del canal serán designados por el ejecutivo. Los analistas interpretan que el canal terminará oficiando como un órgano de propaganda oficial.
La estrategia coincide con el plan de la administración Chávez de desafiar el dominio de los medios privados con una inversión cada vez mayor por parte del gobierno en medios del estado. ¿Por qué crear ahora un canal de servicio público cuando el gobierno ya tiene varias estaciones bajo su control que podría funcionar de esa manera? La cuestión plantea serios interrogantes.
La salida del aire ha de RCTV ha generado y seguirá provocando un fuerte impacto tanto en Venezuela como en el exterior. Si bien los medios venezolanos han podido hasta ahora ejercer una cobertura fuertemente crítica del gobierno, ésta decisión pone seriamente en duda el verdadero compromiso de Chávez y su gobierno con la libertad de expresión.
(*)Carlos Lauría es coordinador del programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas de Nueva York.
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