Por César Campos R
cesarcamposlima@yahoo.com
Pocos se están dando cuenta que, en medio de la desgracia del sur y el imperativo de restablecer su dinámica, uno de los órganos del Estado más consecuentes con este propósito es el vilipendiado Parlamento nacional.
La base de esta opinión no menoscaba los esfuerzos del gobierno ni de cualquiera otra institución pública o privada que dieron y vienen dando un concurso valioso a la nueva vida de las zonas devastadas por el sismo. Pero ocurre que somos tributarios del ordenamiento jurídico napoleónico y son las normas positivas las que determinan el cauce de la acción estatal hacia los fines restauradores de las mismas.
En esa línea, cabe resaltar la inmediata determinación del Congreso de aprobar –antes de cumplirse cinco días de producido el desastre– el proyecto de ley mediante el cual se faculta a los gobiernos regionales y locales a disponer hasta el 20 por ciento de sus recursos ordinarios, a fin de prestar ayuda humanitaria a las ciudades afectadas por el terremoto del 15 de agosto.
Dicha iniciativa, además, fue aprobada por unanimidad. No hubo regateos ni retaceos a los alcances de ella. Libró a las autoridades de cada región distante de Ica, Lima y Huancavelica para que hagan efectiva la ayuda humanitaria de forma rápida con recursos contantes y sonantes.
Casi igual ha sucedido con la creación del Fondo para la Reconstrucción del Sur (Forsur), propuesta nacida del Ejecutivo bajo ciertos parámetros que buscaban agilizar las tareas de este programa destinado no sólo a edificar sobre lo destruido y reparar lo dañado, sino también a fijar pautas de desarrollo a las áreas convulsionadas por el evento telúrico. La bonhomía constructiva de los presidentes del Consejo de Ministros y del Congreso –a través de sendas reuniones previas con la junta de portavoces parlamentarios– consolidó una nueva propuesta ajustada a la profusa legislación controlista de las acciones estatales.
El Poder Legislativo está concertando con celeridad y avidez. De ello debemos alegrarnos aunque el motor sea las treguas eventuales que se dan sus componentes. Apostamos porque esa tregua sea constante en los asuntos de envergadura colectiva, que ya son muchos en la agitada agenda del país.
cesarcamposlima@yahoo.com
Pocos se están dando cuenta que, en medio de la desgracia del sur y el imperativo de restablecer su dinámica, uno de los órganos del Estado más consecuentes con este propósito es el vilipendiado Parlamento nacional.
La base de esta opinión no menoscaba los esfuerzos del gobierno ni de cualquiera otra institución pública o privada que dieron y vienen dando un concurso valioso a la nueva vida de las zonas devastadas por el sismo. Pero ocurre que somos tributarios del ordenamiento jurídico napoleónico y son las normas positivas las que determinan el cauce de la acción estatal hacia los fines restauradores de las mismas.
En esa línea, cabe resaltar la inmediata determinación del Congreso de aprobar –antes de cumplirse cinco días de producido el desastre– el proyecto de ley mediante el cual se faculta a los gobiernos regionales y locales a disponer hasta el 20 por ciento de sus recursos ordinarios, a fin de prestar ayuda humanitaria a las ciudades afectadas por el terremoto del 15 de agosto.
Dicha iniciativa, además, fue aprobada por unanimidad. No hubo regateos ni retaceos a los alcances de ella. Libró a las autoridades de cada región distante de Ica, Lima y Huancavelica para que hagan efectiva la ayuda humanitaria de forma rápida con recursos contantes y sonantes.
Casi igual ha sucedido con la creación del Fondo para la Reconstrucción del Sur (Forsur), propuesta nacida del Ejecutivo bajo ciertos parámetros que buscaban agilizar las tareas de este programa destinado no sólo a edificar sobre lo destruido y reparar lo dañado, sino también a fijar pautas de desarrollo a las áreas convulsionadas por el evento telúrico. La bonhomía constructiva de los presidentes del Consejo de Ministros y del Congreso –a través de sendas reuniones previas con la junta de portavoces parlamentarios– consolidó una nueva propuesta ajustada a la profusa legislación controlista de las acciones estatales.
El Poder Legislativo está concertando con celeridad y avidez. De ello debemos alegrarnos aunque el motor sea las treguas eventuales que se dan sus componentes. Apostamos porque esa tregua sea constante en los asuntos de envergadura colectiva, que ya son muchos en la agitada agenda del país.
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