Por César Campos R.Es que quienes se oponen a la flamante Oficina Nacional Anticorrupción –señalando que distraerá recursos y competencias a otras instituciones llamadas a advertir eventos punibles, accionar contra su autores y sancionarlos, como la Contraloría, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y el Poder Judicial– no tengan en cuenta el grado negativo de la percepción ciudadana respecto al uso indebido del servicio público para beneficios particulares.
Porque es esa alta percepción la que obliga a concederle una pista de aterrizaje a la frondosa normatividad que aparentemente preserva el principio ético de la función estatal. La mayoría de peruanos ha comprobado y aún comprueba cómo se mantienen prácticas corruptas en gobiernos locales y regionales, el gobierno central, el Parlamento, juzgados de paz, superiores y supremos, el Ministerio Público y cuanta entidad exhibe un sello oficial. Y la gran mayoría de peruanos sabe que le resulta muy difícil eludirlas o denunciarlas con la garantía de éxito en su propósito.
De manera que la ONA –con las atribuciones de prevenir, investigar, coordinar, vigilar y promover la ética pública y la lucha contra la corrupción, a través de la investigación de oficio o a iniciativa de parte, así como la formulación, monitoreo y supervisión de políticas públicas sobre la materia– será la instancia adecuada y segura de todo ciudadano para que impulse el saneamiento de las estructuras estatales.
Esto no sólo ayudará a la transparencia de sus acciones o disposiciones, sino que también hará predecible el curso de cualquier gestión y permitirá ahorros sustantivos a las partes evitando las sobrevaluaciones y el pago de coimas.
Le espera a la titular de la ONA, Carolina Lizárraga, consagrar en menos de un año el Plan Nacional sobre ética pública y la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, bases fundamentales para que en un tiempo perentorio todos percibamos la necesidad de la institución a su cargo. Es en este terreno que se juega la legitimidad de la misma y sus tareas futuras.
En una palabra, sólo se espera que la ONA llegue al sentir popular con hechos concretos y poniendo en la picota los ejes de la corrupción en el Perú.
1 comentarios:
Es indudable que la Oficina Nacional Anticorrupción, ha sido creada a medida del Gobernante Aprista, ante el peligro de que en el juzgamiento de Fujimori, se descubran hechos que implican el trato que tiene con el APRA, y de igual forma que el Gobierno Anterior de Alejandro Toledo que creo el ZAR ANTICORRUPCIÓN, ahora se crea la ONA, estas instituciones, lo único que hacen es encubrir la corrupción de los gobernantes de turno, ante la impasibidad de las personas, que dejan pasar estos hechos; sino pregunto: ¿cuantos casos de corrupción ha denunciado el Zar anticorrupción?, incluso los Procuradores anticorrupción actuales, solamente le hacen el favor de encubrir los más grandes delitos de los Gobiernos de Turno; y la ONA se ha creado, por el compromiso asumido por el APRA para dejar en libertad a Fujimori, quien responde por la muerte de la Cantuta, y Alan García sabe que él tiene mayor responsabilidad por la muerte de los presos de los penales. Les aseguro que luego del término del gobierno del APRA, me darán la razón muchos de ustedes.
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