Escribe Cesar Campos R.
Es muy común leer y oír críticas sobre la manera cómo el gobierno afronta el reto de los cambios que requiere el Estado para asegurar el crecimiento y desarrollo del país. Cómo sienta las bases de una nueva dinámica económica, social y política con las cuales garantice que la expansión comprometa el bienestar de la mayoría de compatriotas, sobre todo de los más pobres. Muchos pasan por alto que el oficialismo no puede lanzar ukases para lograr ese propósito. Que necesita tejer entendimientos mínimos en el Congreso con otras fuerzas políticas y solventar las leyes urgidas por el cambio. Que esos entendimientos básicos suelen ser bombardeados por analistas, opositores y tótems del periodismo. Igual ocurre con algunos gobiernos regionales que dan la espalda a los esfuerzos de modernización y apañan el statu quo retrógrado.
Al comentar los alcances de la ley del silencio administrativo positivo, el presidente Alan García se refirió a los seis grandes ejes de reformas propuestos por su administración para cambiar la relación entre el Estado y la ciudadanía. Uno de ellos es precisamente la simplificación de los trámites burocráticos que entorpecen la vida en sociedad de todos los peruanos.
El segundo es el de la ley de la carrera pública, a fin de sanear el aparato estatal, evaluar y capacitar a sus componentes, fijarles metas de acción y de resultados. El tercero lo constituye profundizar y culminar el proceso de descentralización. Cuarto, la reforma de la administración de justicia (paralizada en el Parlamento por obra de los miembros del Partido Nacionalista y algunos de la UPP, según lo denuncia el congresista de Unidad Nacional Raúl Castro), quinto, la reforma de la seguridad ciudadana (uno de cuyos primeros pasos fue el lanzamiento de la comisaría virtual en el distrito limeño de Surquillo), y sexto, la reforma educativa.
Ayer precisamente conocimos que el gobierno dictó el decreto mediante el cual se establece que a partir de este año, sólo, serán contratados como profesores del sector público quienes integren el tercio superior del cuadro de méritos de las instituciones pedagógicas y universidades. ¿Podrán algunos seguir afirmando que las reformas no van en serio?
Es muy común leer y oír críticas sobre la manera cómo el gobierno afronta el reto de los cambios que requiere el Estado para asegurar el crecimiento y desarrollo del país. Cómo sienta las bases de una nueva dinámica económica, social y política con las cuales garantice que la expansión comprometa el bienestar de la mayoría de compatriotas, sobre todo de los más pobres. Muchos pasan por alto que el oficialismo no puede lanzar ukases para lograr ese propósito. Que necesita tejer entendimientos mínimos en el Congreso con otras fuerzas políticas y solventar las leyes urgidas por el cambio. Que esos entendimientos básicos suelen ser bombardeados por analistas, opositores y tótems del periodismo. Igual ocurre con algunos gobiernos regionales que dan la espalda a los esfuerzos de modernización y apañan el statu quo retrógrado.
Al comentar los alcances de la ley del silencio administrativo positivo, el presidente Alan García se refirió a los seis grandes ejes de reformas propuestos por su administración para cambiar la relación entre el Estado y la ciudadanía. Uno de ellos es precisamente la simplificación de los trámites burocráticos que entorpecen la vida en sociedad de todos los peruanos.
El segundo es el de la ley de la carrera pública, a fin de sanear el aparato estatal, evaluar y capacitar a sus componentes, fijarles metas de acción y de resultados. El tercero lo constituye profundizar y culminar el proceso de descentralización. Cuarto, la reforma de la administración de justicia (paralizada en el Parlamento por obra de los miembros del Partido Nacionalista y algunos de la UPP, según lo denuncia el congresista de Unidad Nacional Raúl Castro), quinto, la reforma de la seguridad ciudadana (uno de cuyos primeros pasos fue el lanzamiento de la comisaría virtual en el distrito limeño de Surquillo), y sexto, la reforma educativa.
Ayer precisamente conocimos que el gobierno dictó el decreto mediante el cual se establece que a partir de este año, sólo, serán contratados como profesores del sector público quienes integren el tercio superior del cuadro de méritos de las instituciones pedagógicas y universidades. ¿Podrán algunos seguir afirmando que las reformas no van en serio?
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