Por: Daniel Parodi Revoredo
Hace unos días escuché al Ministro de Economía Alonso Segura señalar que la mano de obra peruana es la más cara del mundo. Primera noticia, yo pensaba que en Alemania, Francia o USA se pagaba mucho más; también pensaba que a través de los services muchos se evaden indebidamente de pagar derechos laborales en nuestro país. En resumidas cuentas, pensaba que el Perú, ni de lejos, era el que nos pinta Segura.
En todo caso, talvez los economistas más enterados en el tema puedan brindarnos algunas luces porque, o somos un país dónde el sueldo mínimo es buenísimo y todo el mundo vive feliz, o sencillamente alguien trata de mandarnos directo al desvío y sin la más mínima consideración.
Claro que la reducción de beneficios a los jóvenes hasta 24 años es una cuestión de justicia o, mejor dicho, de injusticia, pero también trae consigo cuestiones prácticas que, evidentemente, los promotores de la norma sí se han planteado. Una de ellas es que las empresas van a preferir contratar al sector más joven del mercado laboral en desmedro del resto; de suerte que tendremos como resultado el despido cuasi masivo de empleados de más de 24 años o la generalizada renegociación de sus ingresos para nivelarlos, a la baja, con los que pasarán a cobrar menos.
Así que aquí nos perjudicamos todos, el menor de 24 años porque se queda sin beneficios y el mayor porque se queda sin trabajo o le disminuyen los ingresos dado que el empleador siempre tendrá la posibilidad de presionarlo con la contratación de alguien más joven. Tremendo lío, sin considerar que se les niega a los menores de 24 inclusive la asignación familiar. ¿No conoce el gobierno las estadísticas de la paternidad joven en nuestro país?
Torpeza política
Torpeza política
¿Tan mal está nuestra economía que, en medio de una fuerte crisis política, se lanza una medida tan arbitraria y antipopular? Me lo he preguntado porque parece un nuevo disparo a los pies una disposición así cuando la gente ya está bastante caliente con Belaúnde Lossio todavía suelto en plaza. Por eso se me hace un errado cálculo político la nueva norma que contiene la explosiva capacidad de movilizar precisamente al sector de la ciudadanía más movilizable; es decir, los jóvenes.
La yapa: los de la CGTP señalan que esta ley es inconstitucional pues el artículo 25 de la Constitución consagra el derecho a la igualdad de oportunidades. ¿No sabe el gobierno que el ruido político también ahuyenta la inversión y el normal desenvolvimiento de la economía? porque de otra manera no entiendo tanto disparate.
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