ONG's peruanas: SIN ARGUMENTOS

Son verdaderamente risibles los guiones que vienen deslizando representantes y voceros de las ONG. Si quitamos la costra que rodea a esta estéril polémica y nos situamos en el foco del debate, encontraremos que se trata de la promulgación de una norma a través de la cual el Estado –junto al clamor de la sociedad– exige que todas las ONG se registren, señalando de dónde viene –y cómo y en qué se gasta– un dinero que el propio Estado exonera de impuestos, que proviene de donaciones hechas desde el exterior a nombre del Perú.

Pero los reaccionarios del siglo XXI han puesto el grito en el cielo, aunque por lo bajo sostengan ahora que “podrían aceptar pagar los impuestos hoy exonerados” a cambio que la ley no se promulgue. Bonita manera de negociar la de estas ONG politizadas –calificativo que no obedece a un capricho sino que cae por su propio peso–, cuando vemos que las demás ONG –aquellas que vinculan su trabajo efectivo al desarrollo social, económico o de infraestructura en el país– no se han dedicado a alborotar el cotarro.

En un asunto tan sencillo –de honestidad y transparencia– como es supervisar la cooperación internacional no reembolsable, los miembros de las ONG –y a la vez sus voceros enquistados en medios periodísticos vinculados a ellas– argumentan que la norma es “inconstitucional, controlista, intervencionista y estatista”. A la vez señalan que atenta contra la libertad de asociación –hasta de expresión (¿?)– y que el Estado no tiene derecho a inmiscuirse en asuntos privados. En el colmo de sus sofismas dicen que “en la actividad empresarial privada no existen normas de este tipo”, refiriéndose a la ley del APCI. A propósito, ¿por qué entonces los oenegeístas persisten en operar tras organizaciones no gubernamentales –a las que apellidan de sin fines de lucro– cuando ellos personalmente sí lucran de las ONG? En todo caso, ¿por qué no desempeñar sus funciones como persona natural o jurídica –una empresa– tal como lo hace el 99.9 por ciento de los peruanos?

Es fácil gritar que la ley en cuestión amenaza el derecho de la libre empresa o que hace peligrar la propiedad privada. Pero mienten otra vez las oenegés –y sus sesgados comunicadores financiados por sus arcas– ya que en el Perú, por ejemplo, existe la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (Conasev), entidad del sector Economía y Finanzas que supervisa al milímetro a las empresas. Y sería tragicómico que por ese motivo algún empresario sostenga –como sí lo hacen los oenegeístas– que esta institución coacta su libertad o el derecho de asociación.

Por si no lo saben los izquierdistas –y los tontos útiles que les siguen–, la Conasev “promueve la eficiencia de los mercados de valores y de productos, a través de la regulación, supervisión y difusión de información, fortaleciendo la confianza y la transparencia entre sus participantes; apoyados en una organización tecnológicamente competitiva que privilegia el conocimiento, el desempeño y la ética”. Esta es su misión. ¿Y acaso la APCI no debe desempeñar –¡por ventura!– un rol similar con las ONG? Por supuesto que sí.

Ya que la grita caviar pretende defender sus fondos económicos recurriendo a conceptos liberales, pongámosle otro ejemplo. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs (SBS) también existe en el país, por si no se han dado cuenta. Se trata del organismo encargado de la regulación y supervisión de los sistemas financiero, de seguros y de pensiones. Conforme al mandato constitucional y legal, corresponde a la SBS “defender los intereses del público, cautelando la solidez económica y financiera de las personas naturales y jurídicas involucradas”. En tal sentido, “la SBS vela porque las personas pertenecientes a estos sistemas cumplan las normas legales, los reglamentos y estatutos que las rigen, ejerciendo sobre ellas la más amplia supervisión de todas sus operaciones y negocios, evitando que ocurran conflictos de intereses”. ¿Acaso es esto infringir el derecho constitucional de los empresarios peruanos? Es evidente que no.

Lamentablemente un grupúsculo de ONGs reaccionarias –y sobre todo politizadas– se opone a una tendencia que predomina en el mundo contemporáneo, como es la transparencia, principio que en nuestro país está regulado por la Ley Nº 27806 (Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública). Entonces, ¿por qué no ampliar este marco al ámbito de las ONG? La sociedad lo reconocería en aras de la honestidad y de la moral pública.

Por tanto, el Congreso y el Poder Ejecutivo tienen el apoyo de la nación para hacer prevalecer la majestad del Estado en un caso emblemático como el de la ley en debate. Consideramos que es de interés del Estado supervisar todos los recursos que se mueven en el país. En particular aquellos –generalmente secretos– que provienen del exterior y en teoría para que las ONG realicen trabajos a favor de los pobres del Perú. Hay que tomar en cuenta, además, que el desmedido proteccionismo del que ya gozan las ONG obliga al Estado a exonerarlas de determinados impuestos. No obstante, siendo conscientes que la filosofía oenegeísta considera a la ley que es casi igual para todos, es evidente que la transparencia es algo que le revienta la paciencia a este cenáculo de reaccionarios.

Fuente: DIARIO EXPRESO 9.NOV.2006