
La decisión presidencial se produjo tras la remoción del comandante general del Ejército, general César Reinoso, acusado de irregularidades en el uso de los fondos de su institución. Las denuncias de corrupción en el Ejército acapararon la atención pública y provocaron intercambio de acusaciones entre oficiales, entre ellos el general Rafael Hoyos de Vinatea, acusado de peculado y enfrentado con Reinoso.
Equipo militar en mal estado, alimentos para personal militar no apto para consumo humano, robo de municiones y armas para negociarlas con las guerrillas colombianas, son algunas de las denuncias que comprometen a oficiales de las fuerzas armadas.
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