Volver al 79: no es una discusión bizantina

Por: Humberto Campodónico.

El actual debate sobre el retorno a la Constitución de 1979 tiene uno de sus mayores escollos en el régimen económico de la Constitución de 1993. Afirman los pro 1993 que sería la vuelta a un modelo estatista y la nacionalización de las empresas públicas, lo que crearía inestabilidad jurídica. También se ha dicho que es una discusión bizantina y que solo generaría una "lamentable" pérdida de tiempo.

Pero la discusión no tiene nada de bizantina. El continuismo o el cambio de la política económica (lo que implica no otra cosa que la discusión sobre los roles del Estado y del mercado) fue el eje del debate electoral, a diferencia de las anteriores elecciones, en las que el tema central fue el combate a la dictadura de Fujimori y el retorno a la democracia.

El fondo político no era otro que el fracaso del economicismo de las propuestas del Consenso de Washington (criticadas por el presidente García en su mensaje del 28 de julio) que llevaron a un crecimiento económico con exclusión de las grandes mayorías. Es por eso que esas políticas fueron ampliamente rechazadas, lo que se expresó nítidamente cuando la candidata de la derecha económica no pasó a la segunda vuelta.

Sin embargo, ahora se nos quiere decir que hay que "hacer más de lo mismo" ya que "por alguna razón" estas políticas no tendrían los mismos efectos excluyentes que en años anteriores. No quieren ver que vamos a "tropezar de nuevo con la misma piedra" y que el país tenderá a polarizarse más que en el 2006.

Yendo a lo concreto, la Constitución de 1979 no dice nada sobre los contratos ley, que sí están en la de 1993 (Art. 62). ¿Pero acaso el propio FMI no dice que éstos ya no deben existir porque "discriminan" entre quienes los firman (sobre todo extranjeros) y quienes no lo hacen? ¿Acaso el Estado debe abdicar de recuperar para sí una parte de la renta extraordinaria de los recursos naturales (petróleo, gas, minería) y no se debe proceder a una renegociación que exprese las nuevas condiciones del mercado? Eso no equivale a una expropiación, pero ese es el sambenito que se lanza para atemorizar.

La Constitución de 1979 dice que "el Estado garantiza el pluralismo económico. La economía nacional se sustenta en la coexistencia democrática de diversas formas de propiedad y de empresa" (Art. 112). Y, también, que "el Estado ejerce su actividad empresarial con el fin de promover la economía del país, prestar servicios públicos y alcanzar los objetivos de desarrollo" (Art. 113).

Esto, claro, es opuesto al Art. 60 de la de 1993, que plantea la subsidiariedad del Estado en la actividad empresarial. Pero, ¿no es eso acaso lo que ahora se plantea con Petroperú, que realiza actividades que también puede hacer la empresa privada? ¿No es eso lo que hacen Petrobras y ENAP de Chile en el Perú? ¿Por qué no hablar claro?

La Constitución de 1993 dice que el capital extranjero y el nacional tienen "igual trato" (Art. 63), lo que no está en la de 1979. Recordemos que ese tema ha sido rechazado por los países en desarrollo en la Ronda Doha de la OMC. Y el Perú tiene que discutir dicho "trato" en cada negociación, ya sea con EEUU, Chile o cualquier otro país. Pero lo hace en inferioridad de condiciones pues ya tenemos el Art. 63, algo que no está en la Constitución de ningún otro país de la Región, menos aún de EEUU.

Si bien la Constitución de 1979 es "perfectible", constituye una mejor base para la inclusión social que la "fundamentalista" de 1993 (además de su carácter espurio por provenir de un gobierno dictatorial). No nos quedemos en el pasado, en la "Constitución" Fujimori Fujimori – Yoshiyama Tanaka, en "no cambiar nada para que nada cambie". Eso no es el "cambio responsable" del programa del APRA del 2006.

La discusión no tiene nada de "bizantina": plantea que salgamos de la "larga noche neoliberal" y que los roles del Estado y del mercado en la economía tengan puesto el péndulo al medio, lo que hoy es el pensamiento moderno y progresista en casi toda América Latina.