Por: c. Luis Alva Castro.
El presidente Alan García ha tomado una decisión histórica, que nadie se atrevió hasta hoy: realizar una profunda revolución en el Estado, como un proyecto integral con austeridad, para modernizarlo, descentralizarlo y mejorar sustantivamente la calidad de la gestión pública. Y la ha iniciado con la evaluación de los programas sociales y las OPD proponiendo cambios drásticos de fusión –integración– y articulación.
El Gasto Social representa el 37% del presupuesto 2007, asciende a 22,703 millones de nuevos soles, tendrá que cumplir con estándares de educación y salud y estará focalizado, fundamentalmente, en el alivio de la pobreza, disminución de la desnutrición y atención a los sectores vulnerables.
El nuevo funcionamiento de los programas sociales y los organismos públicos descentralizados permitirá al Estado reducir considerablemente los gastos administrativos, bajar costos, ahorrar dinero, por mejor focalización, menor filtración de beneficiarios y ahorros por sinergias de articulaciones, economías de escala y de ámbito; para atender las necesidades y una mejor cobertura de los más necesitados.
Convengamos que la pobreza y la desigualdad en el Perú continúan en niveles intolerables: más de la mitad de nuestra población es pobre y casi un quinto soporta la extrema pobreza. El ministro de Economía ha dicho que con el diseño actual de los programas sociales y las OPD, y un crecimiento de 7% anual no se lograría reducir la pobreza a niveles aceptables. Por eso, ha sido necesario impulsar las reformas anunciadas por el presidente García. No se puede olvidar la herencia recibida del anterior gobierno en estos temas, pues no le dio prioridad a la eficiencia del gasto público, y eso tiene que corregirse.
Alguien que sabe calcular estimaba que el Perú no invierte mucho en infraestructura. En 2005 apenas llegó a 1.77% del PBI y en 2006 se aproximó a 2% del PBI, mientras que países como Chile y Colombia invierten entre el 5% y 6% del PBI. La Asociación para el Fomento de Infraestructura Nacional acaba de decir que no es posible reducir la pobreza sin desarrollar la infraestructura y mejorar el gasto público; y agrega, coincidiendo con lo que ha propuesto el presidente Alan García desde el inicio de su gobierno, que se debe alcanzar un nivel mínimo de 4.5% del PBI en infraestructura, para aumentar la competitividad de nuestra economía y reducir la pobreza. Y si se persevera en mantener durante el quinquenio una inversión de 4.5% del PBI, esto llevaría a una reducción de la cuarta parte de la pobreza.
Pero hay obstáculos, la incapacidad del gasto público, el exceso de normatividad y las trabas burocráticas heredadas del anterior gobierno, no han permitido ejecutar bien y rápido los importantes recursos que se han destinado para infraestructura en agua, desagüe, electricidad, carreteras y agricultura. En el pasado, todo estuvo organizado para no gastar. Quizá lo más importante ahora es apoyar a las regiones con recursos y capacitación para crear centros estratégicos de Planeamiento Regional que elaboren estudios de preinversión y de inversión que permitan contar con proyectos y su viabilidad para ser ejecutados inmediatamente, toda vez que recursos hay, como son los saldos del shock de inversiones, los recursos presupuestales de 2007 que solo en el rubro inversiones aumentaron en 43% en relación al presupuesto de 2006, los fondos concursables que se aprobaron al finalizar 2006 por casi 1,000 millones de nuevos soles, los recursos provenientes del Canon acumulados en los últimos años y que ascenderían a 3,000 millones de nuevos soles, y el superávit del gobierno central de 3,978 millones de nuevos soles al cierre de 2006.
Con su habitual lucidez, el presidente Alan García seguirá marcando un nuevo rumbo optimista sobre el futuro del Perú, que hoy día tiene las mayores posibilidades de progresar con equidad y justicia.
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario