El presidente de Perú, Alan García, confió hoy en que la justicia de su país archivará la denuncia levantada en su contra por la matanza de 119 rebeldes perpetrada en una cárcel de Lima durante su primer gobierno (1985-1990).
"Confío en que se archive cualquier denuncia directa en mi contra como inculpado, no será la primera vez que esa denuncia quede de lado", dijo García en rueda de prensa en el palacio de gobierno, después de dar su testimonio ante un tribunal.
Durante casi tres horas, el mandatario respondió este viernes a las preguntas de la jueza María León Yarango, titular del Primer Juzgado Supranacional, que investiga la muerte de 119 rebeldes durante el sangriento debelamiento de un motín, en 1986.
Según el informe de la desactivada Comisión de la Verdad, los insurgentes del grupo maoísta Sendero Luminoso se rindieron durante el operativo militar, pero fueron ejecutados a balazos y con armas blancas por los uniformados.
García dijo que el operativo de 1986 fue el "debelamiento de un motín de subversivos y no una matanza (...) A mí no me causa ningún fastidio tratar nuevamente el caso, es la factura del poder y tiene alguna notoriedad".
Respecto al pedido de la defensa de los deudos de las víctimas para cambiarlo de testigo a procesado en la causa, el jefe de Estado dijo que "es natural" esa posición para "buscar titulares" en la prensa.
"Es una forma de llamar la atención, es una forma de poner al Estado como perdedor de la guerra política y jurídica frente a Sendero Luminoso", anotó García tras responsabilizar el grupo rebelde por las muertes y pérdidas económicas a causa de la violencia.
García, abogado de 57 años y quien volvió al poder después de 16 años, lamentó "que estas personas no se detengan ante nada con tal de presentar al Estado como genocida y victimario y que nos obliguen incluso a pagar indemnizaciones millonarias".
García dijo que en 19 oportunidades ha rendido testimonio ante jueces y fiscales "por un hecho ocurrido en 1986", pero aseguró que está dispuesto a seguir colaborando con la justicia para aclarar situaciones".
"Quiero decirles que lo hice con absolutamente convicción legal, con paciencia, serenidad y estoy dispuesto a seguir prestando mi colaboración y testimonio cuando sea necesario", aseguró el mandatario peruano.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó en noviembre pasado al Estado peruano indemnizar a los deudos de 41 rebeldes muertos en el penal "Miguel Castro" al resistirse a ser trasladados a otra prisión, en 1992.
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