La pluma regional

Por: César Campos R

Hay un ruido grandilocuente e innecesario detrás de la norma que penaliza las acciones huelguísticas de diversos funcionarios del Estado, entre ellos los presidentes regionales y alcaldes. Es verdad que contiene un mensaje político (de cuyo sistema emana todo orden jurídico) del Ejecutivo hacia otras instancias de gobierno en el país, pero no alcanza los niveles fascistoides o autoritarios que algunos analistas observan con supina exageración.

Primero, porque se trata de un Decreto Legislativo dictado al amparo de facultades delegadas y, por tanto, revisable por el mismo órgano que aprobó esa delegación (el Congreso). El mecanismo democrático del control entre poderes tendrá en estos días una manifestación ejemplar, destacándose más por el hecho que el oficialismo carece de mayoría parlamentaria y no podrá imponer su voluntad sobre la materia. Quedamos atentos a lo que expresen las otras bancadas.

Segundo, resulta meridianamente cierto que el artículo 42º de la Constitución –el cual reconoce los derechos de sindicación y huelga de los servidores públicos, en el que no están comprendidos los funcionarios del Estado con poder de decisión y los que desempeñan cargos de confianza o de dirección, así como los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional– amerita ser desarrollado, aunque su incumplimiento no necesariamente coloque a los infractores dentro de los alcances de la extorsión.

A cualquier ciudadano común le parece muy extraño que las autoridades públicas hagan huelgas contra el mismo Estado. Poniendo las hipótesis al revés, ¿cómo se vería que Alan García impulse una huelga en la región Puno porque su presidente no colabora con el gobierno central? ¿O a Mercedes Cabanillas promoviendo paralizaciones en Áncash porque el señor César Álvarez desacredita al Parlamento? Han pasado más de cuatro años desde que –mal que bien– se constituyeron las regiones, determinándose las competencias y recursos de las mismas. El proceso de transferencia de dichas competencias y recursos ha sido lento pero en un sentido irreversible.

Las autoridades regionales ya tienen en sus manos la pluma de muchas responsabilidades y no pueden soplársela alegremente al Ejecutivo fungiendo de radicalismo.