La libertad y el sistema económico (segunda parte)

Cualquier política dirigida directamente a un ideal de justicia distributiva, es decir, a lo que alguien entienda como una distribución "más justa", tiene necesariamente que conducir a la destrucción del imperio de la ley porque, para poder producir el mismo resultado en personas diferentes, sería necesario tratarlas de forma diferente. Y ¿cómo podría haber entonces leyes generales?

Por Friedrich A. Hayek

III – La gran popularidad de que goza hoy la idea de la dirección central en toda actividad económica se explica con facilidad por dos hechos: por una parte, los expertos prometen a la gente mayor bienestar si se "organiza" la industria según lineamientos racionales, y, por otra, que es tan obvio que los fines particulares que cada individuo desea más se alcanzarán por la planeación. Pero si la gente concuerda acerca de la deseabilidad de la planeación en general, sus acuerdos acerca de los fines a los que servirá la planeación tendrán necesariamente que ser reducidos a alguna fórmula general como el "bienestar social", el "interés general", el bien común, mayor igualdad o justicia, etc..." La concordancia sobre tal fórmula general, sin embargo, no es suficiente para determinar un plan concreto, aún suponiendo que todos los medios técnicos nos son concedidos. El hecho, triste pero innegable, es que todas estas fórmulas que se usan con tanta libertad, resultan no tener contenido en cuanto intentamos usarlas como guías en cualquier decisión concreta sobre la planeación económica. Esta implica siempre el sacrifico de unos fines en favor de otros, un balancear los costos y resultados, una elección entre posibilidades alternas; por eso la decisión presupone siempre que todos los diferentes fines se alinean en un orden definido de acuerdo con su importancia, un orden que señala a cada objetivo una importancia cuantitativa que nos dice sacrificando qué de otros fines vale la pena intentarlos y qué precio sería demasiado alto.

Para ver las consecuencias últimas que implica, sólo necesitamos visualizar por un momento el tipo de cuestiones específicas que la autoridad planeadora ha de decidir. No sólo tiene que decidir entre, digamos, luz eléctrica para el campesino o baños para el trabajador industrial urbano, sino también de decidir, de tenerse como más importante la instalación de luz eléctrica en cien haciendas que el aprovisionamiento de baños para cincuenta familias de la clase trabajadora, si debiera dar la preferencia a la petición de los campesinos, de poder instalar sesenta baños para familias de la clase trabajadora. El planeador no sólo debe saber si es urgentemente necesario un médico o un profesor adicional; sino que deberá saber cómo escoger, si al costo de preparar tres doctores puede entrenar cinco maestros de escuela, y si puede, al mismo costo, preparar seis maestros, y así por el estilo. La decisión de si un proyecto de construcción de alojamiento ha de iniciarse en una ciudad o en otra, o si la mayor urgencia de las necesidades de un lugar compensa el costo más alto de construir ahí; la decisión de si el costo de una población dispersa es hasta cierto punto mayor o menor que las ventajas estéticas y culturales obtenidas de ahí, solo pueden ser arbitrarias, esto es, no hay , dentro de amplios límites, razones con las que una persona pueda convencer a otra de que una decisión era más razonable que la otra. Sin embargo, el planeador, al tomar una decisión debe dar preferencia, debe crear distinciones de valor o mérito, y, por eso, un plan de conjunto implica de manera inevitable una escala cabal de valores. El acuerdo sobre un plan particular exige, por lo tanto, mucho más que el acuerdo sobre alguna regla ética general; requiere algo más que adhesión a cualquiera de los códigos éticos que hayan existido; requiere para la sociedad como un todo la misma clase de escala completa cuantitativa de valores que la que se manifiesta en la decisión de cada individuo, con la diferencia de que en una sociedad individualista el acuerdo entre los individuos acerca de ella no es necesario ni está presente.

La idea de que un sistema económico completamente planeado o dirigido, puede y se usaría para lograr la justicia distributiva, de hecho presupone la existencia de algo que no existe y que nunca ha existido: un código moral completo en el cual los valores relativos de todos los fines humanos, la importancia relativa de todas las necesidades de todas las diferentes personas, tienen asignado un lugar definido y una importancia cuantitativa definida. Si tal código completo, difícil aun de concebir, existiera, entonces la planeación haría surgir pocas dificultades políticas. Pero ninguna mente sola es lo bastante comprensiva para formarse siquiera una concepción individual de una escala comprensiva de miras y deseos humanos. Y aún menos ha habido o puede haber acuerdo sobre tal código, entre cierto número de individuos, para no hablar de un acuerdo entre la mayoría de ellos. Pero podemos hablar de la existencia de un código ético semejante solo en la medida en que haya ese acuerdo. Tal código completo, que lo requeriría una economía completamente dirigida, tendría que decidir, en efecto, cómo debería hacerse cada acción humana. Ningún código religioso o moral conocido por lo menos entre la gente civilizada, con una alto grado de diferenciación entre los individuos se ha aproximado a tal sistema ni aún en una extensión limitada.

Esta idea de un código ético completo en realidad la idea de cualesquiera diferencias en la comprensión de diferentes códigos morales no es siquiera familiar. Todavía es una idea a la que tenemos que acostumbrarnos la de que hay cuestiones que son "morales" cuando se plantean, pero para las cuales la "moralidad" no da respuesta si no hay valores establecidos sobre la base de lo que hay que decidir y que en consecuencia, tales valores tendrían que crearse deliberadamente si la cuestión fuera a contestarse. Y, sin embargo, es este el problema que hace surgir de manera inevitable la sugestión de que la dirección unificada de la actividad individual deba usarse en servicio de la justicia social, y debemos cuidar de reducir a al mínimo una dificultad solo por tener un carácter con el cual no estamos familiarizados. El hecho es que en cuestiones de esta clase, por no haber constituido un problema para nadie, no ha habido ocasión de buscar una respuesta y menos aún de hacer surgir una opinión común concerniente a ellas. Estas cuestiones pueden contestarse en forma racional y todos los actos de los miembros de una sociedad planeada habrán de guiarse por la respuesta sólo cuando tratamos de hacer explícito en una discusión y decisión deliberadas lo que antes decidía el azar, o por lo menos las fuerzas impersonales del mercado.

Debe al menos indicarse, antes de abandonar este asunto, que al desarrollo de la civilización humana en el pasado lo ha acompañado un movimiento de (en este sentido) sistemas morales más o menos comprensivos. Del miembro de una tribu primitiva cuya vida diaria es una sucesión de actos a los que regula un ritual firmemente establecido, al individuo de una sociedad feudal cuyo status fijo determinan los títulos a la vida a las cuales tiene derecho, hasta nuestros propios días, el desarrollo ha sido hacia un vida en la cual el gusto y la preferencia individuales gobiernan sobre un área cada vez mayor. El cambio que la planeación central hace necesario, requeriría un retroceso completo de esta tendencia por lo cual las reglas moralesy legales han tenido por centurias a convertirse en más formales y generales y menos específicas.

Pero nuestro problema no es ahora si debemos o no tener un código moral completo y comprensivo que proporcione una base de planeación en aras de la justicia social, generalmente aceptada. La cuestión es si existe algo próximo a tal código completo, esto es si la mayoría de la gente;, o aun solo aquellos a quienes los demás miran como los mejores y más prudentes, están de acuerdo por lo menos en los principales problemas de valor que un intento de planeación haría surgir. Y no puede haber duda de que la respuesta a esto es negativa: no podrán encontrarse cuando se las necesite; habrán de crearse.

IV – Estas excursiones por lo que puede parecer remota especulación sobre cuestiones de filosofía moral, no dejan de ser pertinentes a nuestro problema concreto. Podemos volver ahora a la cuestión de lo que pasa cuando una democracia empieza a planear y descubre que estas consideraciones generales tienen aquí aplicación inmediata. El hecho de que un cierto acuerdo, que no existe en una sociedad libre, lo requiera el fin de traducir el acuerdo aparente sobre la deseabilidad de la planeación en un acción concreta, tiene dos consecuencias importantes. En primer lugar, es la causa de la notoria inhabilidad de las asambleas democráticas para realizar lo que en apariencia es el deseo expreso de la gente, porque solo cuando las instrucciones vagas tienen que traducirse en acciones específicas, es cuando la falta real de ajuste se manifiesta. El segundo efecto de la misma causa, que aparece siempre que una democracia intenta planear, es la admisión de que si la planeación eficiente debe hacerse en un campo particular, la dirección de los asuntos debe "sacarse de la política" y ponerse en manos de funcionarios permanentes o de cuerpos autónomos. Usualmente se justifica esto por el carácter "técnico" de la decisión a tomar, carácter para el cual los miembros de una asamblea democrática no están calificados. Pero esta excusa no va a la raíz del asunto. Las alteraciones en la estructura del derecho civil no son menos técnicas y no más difíciles de apreciar en todas sus implicaciones; sin embargo, nadie ha sugerido todavía, seriamente, que su legislación debe delegarse a un cuerpo de expertos. El hecho es que en estos campos la legislación no se llevará más lejos de lo que pueden permitir las reglas generales sobre las cuáles existen el acuerdo de una verdadera mayoría. Pero en la dirección de la actividad económicade transporte o de planeación industrial los intereses por reconciliar son tan divergentes que ningún acuerdo verdadero sobre un plan único puede alcanzarse en una asamblea democrática. Cualquier decisión implica entonces la elección directa y consciente entre la satisfacción de necesidades particulares de un grupo y las de otro. Con frecuencia habrá una gran mayoría a quien se afecta ligeramente en un sentido y unos pocos afectados en otro. Si la acción fuera a depender del acuerdo de una mayoría numérica, ninguna acción podría ejecutarse. Pero con el propósito de poder extender la acción más allá de las cuestiones sobre las que existe el verdadero acuerdo, las decisiones se reservan a unos cuantos representantes de los "intereses" más poderosos.

Pero este expediente de "delegación" no es bastantes efectivo para apaciguar la insatisfacción que debe crear la importancia de la democracia entre todos los amigos de la planeación extensiva. La delegación de decisiones especiales a numerosas organizaciones separadas presenta en si misma un nuevo obstáculo para la coordinación propia de los planes en campos diferentes. Aun si, por este expediente, la democracia tiene éxito al planear cada sector de la vida económica por separado, todavía seguirá siendo impotente con respecto a la tarea mayor de un plan comprensivo para todos los sectores considerados en conjunto. Muchos planes especiales no forman todavía un todo planeado; de hecho, como los planeadores deben ser los primeros en admitir, pueden ser peores que ningún plan. Pero como es natural, la legislatura vacilará en delegar las decisiones sobre problemas realmente vitales. Al final, el acuerdo de que la planeación es necesaria, al par que la inhabilidad de las asambleas democráticas para concordar un plan determinado, debe reforzar la demanda de que al gobierno, o a un solo individuo, se le deben dar poderes para actuar bajo su propia responsabilidad. Cada vez se acepta más y más la creencia de que si uno quiere conseguir las cosas hechas, el director responsable de los asuntos debe libertarse de las trabas de los procedimientos democráticos.

Es un hecho de la máxima importancia el de que el creciente descrédito en que ha caído el gobierno democrático se debe a que sobre la democracia han caído tareas para las cuales no está preparada. Es este un hecho que todavía no se reconoce en forma adecuada. El gobierno por acuerdo sólo es posible si su acción se limita a objetos sobre los cuales la gente tiene opiniones comunes. Si primero decimos que debe actuar sobre cierta cuestión e inquirimos después si existe acuerdo sobre cómo debe actuar, podemos encontrarnos con que tenemos, o que obligar a la gente a concordar, o a abandonar el gobierno por acuerdo o ambas cosas. Y mientras más se extienda la esfera de acción del gobierno, mayor es la posibilidad de que surja esta situación. La posición fundamental es simplemente que la probabilidad de acuerdo de una porción importante de la población sobre un método particular de acción decrece a medida que la esfera de actividad del estado se dilata. Hay ciertas funciones del estado sobre cuyo ejercicio debe existir, prácticamente, la unanimidad; habrá otras sobre las cuales existirá el acuerdo de una mayoría importante, y así hasta llegar a campos en los que, si bien cada individuo pudiera desear que el estado interviniera en algún sentido, habrá casi tantas consideraciones acerca de cómo debe actuar el gobierno, cuántas personas diferentes haya.

El gobierno democrático trabajó con éxito en tanto que, mediante un credo ampliamente compartido, las funciones del estado se limitaron a campos en los que podía alcanzarse un acuerdo real entre una mayoría. El precio que tenemos que pagar por un sistema democrático es la restricción de la acción del estado a los campos en donde puede obtenerse el acuerdo; este es el gran mérito del credo liberal: reducir la necesidad de acuerdo a un mínimo compatible con la diversidad de opiniones individuales que existirían en una sociedad libre. Con frecuencia se dice que la democracia no toleraría el capitalismo. Si "capitalismo" significa aquí una sociedad de competencia basada en una disposición libre de la propiedad privada, es mucho más importante observar que sólo el capitalismo hace posible la democracia. Y si un pueblo demócrata llega a estar bajo la racha de un credo anticapitalista, querrá decir que la democracia se destruirá a si misma de manera inevitable.

Si la democracia tuviera que abdicar su control sobre la vida económica, aun pudiera mirarse esto como un mal menor comparado con las ventajas que se esperan de la planeación. En realidad muchos de los partidarios de la planeación se dan plena cuentay tienen que rendirse ante el hechode que si la planeación tiene que ser democracia efectiva, habrá que echarla por la borda en cuanto toca a la legislación económica. Mr. Stuart Chase cree que puede asegurarnos que la "democracia política puede subsistir si no toca las cuestiones económicas". Es, sin embargo, una falacia fatal creer que el gobierno autoritario puede limitarse a asuntos económicos. El hecho trágico es que la dirección autoritaria no puede restringirse a la vida económica, sino que está obligada a extenderse y a convertirse en "totalitaria" en el sentido estricto de la palabra. El dictador económico pronto se verá forzado, aún contra sus deseos, a asumir la dictadura sobre toda la vida política y cultural del pueblo. Ya hemos visto que el planeador no sólo debe traducir los "fines", vagos y generales, que rigen la aprobación popular en una escala de valores concreta y detallada, sino que también debe, si quiere actuar, hacer creer al pueblo que el código de valores particular y detallado que él impone, es el justo. Se ve forzado a crear esta unicidad de propósito que fuera de las crisis nacionales como la guerra  falta en una sociedad libre. Más aún, si ha de permitírsele llevar a cabo el plan que él cree justo, debe retener el apoyo popular esto es, debe aparentar, a toda costa, tener éxito.

Es en vano condenar al dictador llevado al poder por el deseo universal, por el uso consistente y enérgico de los poderes del estado para hacer enchufar dentro de sus planes los deseos y ambiciones de la gente. La acción "racional" solo es posible al servicio de un sistema dado de fines, y si la sociedad como un todo va a actuar racionalmente, debe dársele una escala completa de valores. El dictador descubrirá desde un principio que si quiere realizar el deseo del pueblo, tendrá que decirles lo que éste debe desear. No necesitamos ir a los países autoritarios para encontrar ejemplos de esta tendencia. No hace mucho, Mr. Henry A. Wallace encontró necesario advertir al pueblo americano "que el apego nacional firme a una ruta fija, internacional o intermedia, requiere también un cierto grado de opinión regimentada". ¿Qué podemos esperar de un hombre que tiene que organizar un plan gigantesco, si es ésta la lección que saca un hombre de estado responsable de los experimentos comparativamente moderados de planeación hechos en los Estados Unidos? Si no hay actividad ni relación humana que deje de regular el estado, ¿cómo puede quedar libre la opinión acerca de estas cosas?

La decisión del planeador acerca de la importancia relativa de fines en conflicto, es por necesidad una decisión acerca de los méritos relativos de diferentes grupos e individuos. La planeación se convierte necesariamente en planeación a favor de unos y en contra de otros. En efecto, los gobiernos autoritarios admiten esto cuando insisten en el predominio de la política sobre la economía; y uno de los principales sociólogos de la Alemania actual lo ha establecido así en forma explícita, al escribir:

Planear significa, en el más alto grado, tomar posiciones a favor y en contra de distintas fuerzas e intereses, un compromiso de larga duración a favor de un lado o de otro... El hecho de que la planeación signifique tomar partido o de otro... El hecho de que la planea presentando intereses particulares determinados como los intereses de todos...

Claro que el problema no es el de que las diferentes personas afectadas no tengan las opiniones más decididas acerca de los méritos relativos de sus respectivos deseos; más bien es el de que estas opiniones son irreconciliables. Pero para que el terreno en el cual descansan las decisiones más o menos arbitrarias de la autoridad deba parecer justo, ha de basarse en algún ideal fundamental en el cual se supone que todos creen. La distinción inevitable entre las personas debe transformarse en una distinción de rango, más conveniente y naturalmente, basada en el grado en que la gente participe y apoye con lealtad el credo del gobernante. Y aclara más la posición si la aristocracia de credo, en el extremo de la escala, corresponde, en el otro, una clase de descastados, cuyos intereses pueden sacrificarse en todos los casos a los de las clases privilegiadas.

Por lo tanto, la conformidad con las ideas guias no puede mirarse como un mérito especial, aún cuando los que sobresalen por su devoción al credo sean premiados. Aquélla debe exigirse de todos. Toda duda que se arroje sobre la rectitud de los fines buscados o de los medios escogidos, conduce a disminuir la lealtad y el entusiasmo, y, por lo tanto, debe tratarse como sabotaje. La creación e imposición del credo común y de la creencia en la sabiduría suprema del gobernante se convierte en un instrumento indispensable para el éxito del sistema planeado. El uso sin misericordia de todos los posibles instrumentos de propaganda y la supresión de toda expresión de oposición, no es un acompañamiento accidental de un sistema con dirección central, sino que es una parte esencial de él. No puede limitarse la coerción moral a aceptar el código ético en el que se funda todo el plan. Está en la naturaleza de las cosas que muchas de las partes de este código, muchas de las partes de la escala de valores sobre las que se funda el plan, nunca podrán formularse explícitamente. Solo existen implícitas en el plan. Pero esto significa que cada parte del plan, de hecho toda la acción del gobierno o de sus agencias, deben volverse sacrosantas y estar exentas de toda crítica.

Sin embargo, sólo por la fuerza es posible suprimir la expresión pública de la crítica. Pero la dudas que nunca se manifiestan y la vacilación que nunca se expresa tienen efectos igualmente insidiosos, aún existiendo sólo en la mente de la gente. Todo lo que pueda inducir al descontento debe apartarse de ella. Las bases de comparación con las condiciones en otras partes, el conocimiento de posibles alternativas del camino tomado, la información que pueda sugerir fracaso de parte del gobierno para vivir de conformidad con sus promesas, para sacar ventaja de las oportunidades para mejorar la suerte del pueblo, todo esto debe suprimirse. En consecuencia, no hay campo en el que no quiera implantarse el control sistemático de las informaciones. No es accidental que el gobierno que pretenda planear la vida económica sostenga su carácter totalitario: no puede hacer otra cosa si desea permanecer fiel a la intención de planear. La actividad económica no es un sector de la vida humana que pueda separarse del resto; es la administración de los medios con los cuales tratamos de alcanzar todos nuestros diferentes fines. Quien quiera que se haga cargo de estos medios, debe determinar cuáles fines van a servirse, qué valores van a tratarse más alto y cuáles más bajo, en suma en qué hombres debe creerse y apoyar. Y el hombre mismo se convierte en poco más que un medio para la realización de las ideas que deben guiar al dictador.

Quizás no sea innecesario añadir aquí que esta supresión de la libertad individual no es tanto el resultado de la transición de la democracia a la dictadura, como ambas lo son de la enorme dilatación del campo de acción del gobierno. Aun cuando, indudablemente, la democracia es, hasta cierto punto, una salvaguardia de la libertad personal y su decadencia se debe al hecho mismo de que dificulta la supresión de la libertad, nuestro problema no es principalmente el de un cambio constitucional en el sentido estrictamente político. No puede haber duda de que en la historia ha habido con frecuencia mucha más libertad cultural y política bajo un régimen autocrático, que bajo algunas democracias, y por lo menos es concebible que bajo el gobierno de una mayoría homogénea y doctrinaria, el gobierno democrático pueda ser tan opresivo como la peor dictadura. El punto no es que cualquier dictadura debe de manera inevitable borrar la libertad, sino que la planeación lleva a la dictadura porque la dictadura es el instrumento más efectivo de coerción y compulsión de ideales, y, como tal, es esencial para hacer posible la planeación central en gran escala. Una verdadera "dictadura de proletariado", aún de forma democrática, si emprendiera la dirección de la actividad económica, probablemente destruiría los últimos vestigios de libertad personal en forma tan completa como cualquier autocracia.

V – Asusta que para muchos de nuestros contemporáneos este cuadro, aún reconociendo su fidelidad, ha perdido mucho del terror que hubiera inspirado en nuestros padres. Claro que siempre ha habido muchos para quienes la coerción intelectual es objetable sólo si la ejercen otros, mirándola como benéfica si se pone al servicio de fines que aprueban. ¿Cuántos de los intelectuales exiliados de los países autoritarios estarían bien dispuestos a aplicar la coerción intelectual, que condenan en sus opositores, para hacer creer a la gente en sus propios ideales, suministrando, de manera incidental, otro ejemplo del parentesco cercano entre los principios fundamentales del fascismo y el comunismo? Pero, si bien la época liberal probablemente estuvo más libre de coerción intelectual que cualquiera otra, el deseo de forzar un credo en la gente que considera saludable para ésta, no es por cierto fenómeno nuevo o peculiar de nuestro tiempo. Lo que es nuevo es el intento de nuestros intelectuales socialistas para justificarlo. No hay libertad real de pensamiento, así se dice, porque las opiniones y los gustos de las masas los conforman de manera inevitable, la propaganda, el anuncio, el ejemplo de las clases altas y otros factores del medio ambiente que de manera inplacable encauzan el pensamiento de la gente dentro de rutinas rancias. Pero si, el argumento prosigue, los ideales y los gustos de la gran mayoría los determinaran factores que están bajo el control humano, podemos usar este poder para cambiar sus pensamientos hacia un sentido que juzgamos deseable. Esto es, del hecho de que la gran mayoría no ha aprendido a pensar con independencia, sino que acepta ideas ya hechas, se saca la conclusión de que se justifica el que un grupo particular de gente con seguridad quienes abogan por ello asuma por si mismo el poder exclusivo para determinar lo que la gente debe crear.

No intento negar que para la gran mayoría la existencia o inexistencia de la libertad intelectual significa poco para su felicidad personal; tampoco que serán igualmente felices si nacen o se engatusan en una serie de creencias y no en otras, y si han llegado a acostumbrarse a una clase de entretenimiento o a otra. Es probablemente muy cierto que en toda sociedad la libertad de pensamiento tendrá una significación directa o un sentido real sólo para una pequeña minoría. Pero abogar en contra del valor de la libertad intelectual porque nunca dará a todos la misma oportunidad para pensar independientemente, es no alcanzar las razones que dan a la libertad intelectual su valor. Lo esencial para hacerla servir sus funciones como principio motor del progreso intelectual, no es que todos deban pensar o escribir cualquier cosa, sino que toda causa o toda idea pueda ser defendida por alguien. En tanto que el disentimiento no se suprima de veras, habrá siempre alguien que quiera inquirir acerca de las ideas que rigen a sus contemporáneos y someter a la prueba de la discusión y la propaganda nuevas ideas. El proceso social que llamamos razón humana, y que consiste en la interacción de los individuos que poseen diferente información y diferentes perspectivas, algunas veces consistentes, otras en conflicto, sigue adelante. Una vez dada la posibilidad de disentir, habrá disidentes, aun cuando esa pequeña la proporción de la gente capaz de pensar con independencia. Al progreso intelectual sólo puede detenerlo la imposición de una doctrina oficial que debe ser aceptada y a la que nadie se atreve objetar.

Quizás deba verse y apreciarse en la realidad de alguno de los países totalitarios, para sondear cómo la imposición de un credo autoritario y comprensivo ahoga por completo todo espíritu de examen independiente, cómo destruye el sentido del significado de la verdad, excepto el de la conformidad con la doctrina oficial, y cómo las diferencias de opinión en todas las ramas del conocimiento se convierten en conflictos políticos que la intervención de la autoridad debe decidir. Sin embargo, la experiencia indica que hay aun muchos dispuestos a sacrificar la libertad intelectual porque no representa la misma oportunidad para todos. Es seguro que no se dan cuenta de lo que se juegan. En realidad el gran peligro viene del hecho de que damos por supuesta la herencia de la época liberal, y de que hemos llegado a mirarla tan confiadamente como la propiedad inalienable de nuestra civilización, que no podemos concebir en forma cabal lo que significaría si la perdiésemos. Empero, la libertad y la democracia no son dones gratuitos que serán nuestros con solo desearlo. Parece haber llegado el momento en que una vez más sea necesario tener plena conciencia de las condiciones que las hacen posibles y defender estas condiciones, aún si han de cerrar el camino al logro de ideales opuestos.

El peligro con el que se enfrenta nuestra generación no es sólo el proceso de experimentación al cual debemos todo el progreso en la esfera social y en las demás deba conducirnos al error. El peligro es más bien que demos fin al proceso mismo de experimentación. Si el experimento de la planeación lleva a la desaparición de las instituciones libres, no habrá entonces oportunidad, para la corrección de esa equivocación. Una vez que el único método de cambio pacífico inventado hasta aquí, la democracia, (esa admirable convención de "contar cabezas con el fin de ahorrarse la molestia de romperlas"), se haya acabado, se cierra el camino para una corrección pacífica de un error, una vez cometido. Los que están en el poder, que deben a este error no sólo su posición, sino lo que es más significativo, la oportunidad para lograr sus ideales, no lo reconocerán, y, por lo tanto, no lo corregirán; y nadie más tendrá la oportunidad de hacerlo. Con un optimismo del todo injustificado, un escritor reciente predijo que en una generación, los "planeadores" y todas sus obras serían barridos por una violenta reacción del sentimiento si la estabilidad material que prometían tuviera que comprarse al precio de la opresión intelectual y espiritual. Debe parecer dudoso en extremo, en vista de la fuerza sin precedente que da al estado la técnica moderna de propaganda sobre la mente de la gente, si una reversión de las tendencias intelectuales provenientes de las fuerzas internas de los grupos organizados, fuera aun posible después de que la maquinaria de control haya sido establecida con firmeza. Es más probable que la lucha por la supervivencia de ideas tome entonces la forma de una guerra de ideologías entre las naciones, que, aún llevando la supervivencia del grupo más eficientemente organizado, bien puede significar la destrucción de todo lo que para nosotros representa la grandeza de la humanidad.