Néstor A. Scamarone M.
Según la comisión Bagua, congresistas nacionalistas dieron acalorados discursos antes de la protesta. El informe también acusa al Ejército.
Parlamentarios nacionalistas el 2009 le dijeron a los indígenas que "el Gobierno les quitaría sus tierras".
Los gruesos errores de la Policía en la ejecución del operativo de desalojo de la Curva del Diablo no son lo único que generó las nefastas consecuencias del “Baguazo’. El informe final de la comisión del Ejecutivo que investigó los sucesos de Bagua también ofrece detalles de la activa participación que tuvieron algunos congresistas del Partido Nacionalista en los eventos previos al 5 de junio, la misma que generó –según estas conclusiuones– “una distorsión de la agenda indígena”.
Semana previa al 5 de junio del 2009 de los hechos violentos, los parlamentarios nacionalistas Janet Cajahuanca, Marisol Espinoza, José Maslucán y Rafael Vásquez estuvieron presentes en reuniones con indígenas en las zonas de Huampami y Mamayaque. Allí, sostuvieron “acalorados discursos” manifestando que los decretos legislativos promulgados “les quitarían todas sus tierras no cultivadas o en uso y los llaman a la lucha para defender sus tierras (y) lo propio hicieron en Atalaya”.Estos congresistas son los verdaderos culpables del BAGUAZO. Sería mu fácil preguntarle a la actual VICE Presidenta Marisol Espinosa...
“Estos son los dos lugares donde el paro amazónico tuvo mayor expresión violenta expresada en toma de ríos, carreteras, aeropuertos e instalaciones. Asimismo, hubo presencia de un congresista nacionalista en reuniones con dirigentes indígenas días previos a los hechos de la Curva del Diablo”, consigna el informe sin identificar al parlamentario.
El grupo de trabajo también da cuenta de otros actores: los ronderos, que incorporaron demandas políticas; los reservistas del Ejército no indígenas en la Curva del Diablo y en la Estación 6; el Sutep, cuyos líderes “tuvieron una participación protagónica en las revueltas de Bagua y Utcubamba”; el Frente de Defensa de Bagua en actos de agitación; y algunos medios de comunicación locales y nacionales “que difundieron información desproporcionada”.
De acuerdo a la comisión, las protestas indígenas fueron legítimas. Sin embargo, los factores y actores señalados la distorsionaron.
Según el informe, las tropas de la 6° Brigada de la Selva no llegaron a tiempo a los puntos críticos que debía proteger. Uno de ellos era la Estación 6 de Petroperú, donde miles de indígenas tenían cautivos a 38 policías que estaban al mando del comdte PNP Miguel Montenegro.
Además, el documento consigna testimonios de policías que acusan al Ejército por negarse a ayudarlos. Y concluye que la estación petrolera “no estuvo protegida por el Ejército tal como establecía el plan del Comando Conjunto”. Para el grupo, hubo una “coordinación deficiente entre el Ejército y la Policía”.
El asunto no cayó bien en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA). Su jefe, Francisco Contreras, dijo que el 4 de junio, cuando se reunió, entre otros, con el entonces jefe de la Policía, José Sánchez Farfán, este nunca le dijo que el operativo sería a las 5 de la mañana del día siguiente. Las dudas, por lo tanto, seguirán pendientes.
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