Ideología y violencia sepultan la verdadera discusión.
Por Eugenio D'Medina Lora
Fuente: Politico.pe
En Tía María cabe aplicar la ley porque esta se ha violado. Y aunque no me guste que el Estado sea dueño del recurso del subsuelo, es la ley la que manda que disponga del mismo y debe cumplirse hasta no cambiarla.
No es menos cierto que la ley manda también que la propiedad privada sea salvaguardada. Y en este sentido, la pregunta clave es: ¿la explotación de Tía María perjudica la propiedad de los agricultores de la zona de influencia del proyecto? La respuesta debiera proporcionarla el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Pero sucede que dicho EIA recibió 138 observaciones de la UNOPS, y luego apareció un segundo EIA levantando —presuntamente— dichas observaciones, informe que poco se difundió al gran público o en los medios, provocando confusiones.
Por su parte, la Southern Perú Cooper Corporation ha añadido más sobras por tratarse de una de las diez empresas más multadas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), además de otras dudas.
Y sobre estos antecedentes, se agrega el oportunismo político de activistas antimineros e incluso de terroristas, cuyo propósito no es cuidar el medio ambiente sino paralizar la economía. Pero sería un error pensar que el problema de Tía María se reduce a ellos sin tomar nota de los ya mencionados antecedentes. Debatir pública y técnicamente el nuevo EIA, con presencia de universidades reputadas que se jueguen el prestigio, sería un gran paso para que se abra paso la razón en medio de la ideología y la violencia.
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