POR ALAN RAÚL GARCÍA NORES
El índice de Percepción de la Corrupción medido por Transparencia Internacional coloca a Singapur en el sétimo lugar de los países percibidos como menos corruptos en el año 2014. Durante la colonia británica y hasta después de lograr su autonomía total en 1959, Singapur reportaba casos de corrupción en todo su aparato estatal; Jon S.T. Quah escribe en el reporte publicado en la Revista Asiática de Administración Pública (Asian Journal of Public Administration) que los bajos salarios, el rápido aumento del costo de vida y la escasa supervisión a empleados públicos generaron un ambiente propicio para que se extiendan las prácticas corruptas. En otras palabras, una situación semejante a la que se vive hoy en los países en desarrollo; por lo que debe interesarnos analizar las medidas que permitieron esta drástica transformación.
Analizando la literatura y los argumentos de Lee Kuan Yew (el padre del Singapur moderno), destacan tres pilares fundamentales que han constituido la estrategia del gobierno por los últimos 50 años para desincentivar los actos de corrupción:
El primero es el marco legal que se materializa fundamentalmente en la Ley de Prevención de la Corrupción (Prevention of Corruption Act) y en el Código Penal, calificados por muchos como normas estrictas y duras al establecer penas de hasta cinco años de prisión por estos delitos (salvo contadas excepciones que implican penas superiores). Pero ni la máxima pena logra desincentivar una práctica corrupta si no existen mecanismos eficientes para aplicarla, como sucede en el Perú, país de grandes leyes que no siempre se logran aplicar ni tener el efecto buscado, ya que nuestro Código Penal establece penas hasta tres veces mayores por los mismos delitos.
El segundo pilar es el vehículo de aplicación de las leyes anticorrupción: la Oficina de Investigación de Prácticas Corruptas (Corrupt Practices Investigation Bureau); una entidad semejante a nuestra Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, pero con diferencias claves cuyas facultades incluyen: detener a cualquier persona para interrogarla hasta por 48 horas, confiscar bienes vinculados a presuntos actos de corrupción, investigar registros financieros (incluyendo levantar el secreto bancario con la autorización del procurador del Estado), e investigar cualquier otro presunto delito dado a conocer el marco de una investigación por presuntos actos de corrupción; y se aplican tanto al presunto autor como a sus familiares y/o agentes. Estas facultades (que en muchos casos serían abusos de autoridad en el Perú) son un claro ejemplo de una política cuestionada por la comunidad internacional, pero que es inherente a la vida en Singapur: el bien común prevalece sobre las libertades personales. Otra importante característica de esta institución es que responde únicamente a la oficina del Primer Ministro, y es totalmente independiente de la Policía y de cualquier otra entidad pública. Es discutible si en el Perú esta jerarquía sería ideal para evitar presión política.
El tercer pilar es la continua política de incremento salarial del sector público con dos objetivos: evitar la fuga de talento al sector privado y reducir el incentivo para participar en prácticas corruptas. Si bien es cierto que hoy en día el empleado público singapurense tiene un sueldo varias veces mayor al promedio de empleados públicos norteamericanos, recordemos que se partió de un punto más atrasado que el nuestro y el cambio se logró con la aplicación de políticas a largo plazo y consistentes con la realidad del desarrollo de Singapur.
Si no se establece una política a largo plazo, que incluya: (i) aumentar el riesgo de corromper y ser corrompido con la aplicación eficaz de las leyes, y (ii) reducir el incentivo de la corrupción con una política de incremento de sueldos a largo plazo (pero consistente con la realidad de Perú); entonces la estructura del Estado no estará preparada para el desarrollo del país y el crecimiento económico tendrá el efecto inverso en los niveles de corrupción. En efecto, la mayor necesidad derivada del incremento del costo de vida, y las mayores oportunidades de corromper y ser corrompido por el desarrollo económico, generarán un ambiente propicio para el aumento de la corrupción (lo ocurrido en países como Brasil o Venezuela). El reto es invertir hoy en preparar al Estado para el desarrollo futuro, para lo cual debemos considerar y estudiar experiencias exitosas como el caso de Singapur.
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