Alan García declara que nunca ordenó matanza de los penales en 1986

Lima, 9 feb (EFE).- El presidente de Perú, Alan García, negó hoy ante una jueza que hubiera tenido conocimiento del operativo militar que terminó con la muerte de unos 200 presos por terrorismo hace más de 20 años tras los motines en tres cárceles de Lima durante su primer gobierno (1985-1990).

El 19 de junio de 1986 más de 200 reclusos acusados o sentenciados por terrorismo fueron torturados y ejecutados en un operativo contra los motines simultáneos que estallaron en los penales limeños de la isla El Frontón, Lurigancho y Santa Bárbara.

En posteriores declaraciones a la prensa en el Palacio de Gobierno, Alan García dijo que el abogado de las víctimas, Carlos Rivera, sólo pretende titulares, y agregó que no es la primera vez que se pretende poner al Estado "como perdedor de la guerra jurídica contra Sendero Luminoso" y como "genocida".

García confió en que la intención de la fiscalía de abrir un proceso con él como inculpado por este caso sea archivada, como ha sucedido en el pasado, al señalar que el país entero sabe que se trató del solucionar un "motín de subversivos".

El abogado de las víctimas había declarado a la prensa a la salida de las diligencias judiciales que el gobernante peruano reiteró ante la jueza anteriores declaraciones ante la justicia en las que rechazó haber tenido responsabilidad alguna en las muertes.

Rivera dijo que García negó haber comisionado a su entonces ministro del Interior, Agustín Mantilla, para que fuera en su representación a la isla de El Frontón, frente a la costa de Lima, donde se registró el mayor número de muertos.

Asimismo, García rechazó que hubiera emitido una orden para emprender las operaciones militares ni para el entierro clandestino de las víctimas, según el letrado de las víctimas.

Frente a las supuestas diferencias entre sus declaraciones y las de algunos de sus subalternos en 1986, Alan García dijo a la prensa posteriormente que "cuando el expediente (judicial) deje de ser secreto podrán ver que no hay contradicción alguna, porque si así fuese hace tiempo hubiese sido inculpado".

Su entonces ministro Mantilla, sin embargo, ha declarado ante la justicia que fue a El Frontón por orden de García para supervisar el operativo y que, por directivas del gobernante, se llevó a cabo la ocupación armada del penal por la Marina de Guerra.

El entonces presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Guillermo Monzón, ha declarado también en este caso que García fue informado permanentemente sobre el curso de la operación militar.

El jefe del Estado peruano respondió al interrogatorio dirigido por la jueza María León durante dos horas, y no hizo declaraciones a la prensa al concluir.

El caso de la matanza en los penales fue incluido en el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, emitido en 2003, sobre el conflicto interno originado en Perú por el terrorismo entre 1980 y 2000, que causó más de 69.000 muertos.

El informe señaló que hubo más de 200 muertos por el uso deliberado y excesivo de la fuerza contra los reclusos después de que estos se hubieran rendido ante los militares de la Marina.

Tras la operación militar en El Frontón, ese centro carcelario quedó en ruinas por el grado de destrucción, y en la actualidad sólo funcionan instalaciones de la Marina de Guerra en esa isla.

La jueza León, presidenta del Primer Juzgado Supraprovincial de Lima, visitará la próxima semana las derruidas instalaciones de El Frontón con los infantes de marina procesados por este caso en calidad de acusados.

El juicio de El Frontón fue sobreseído por falta de pruebas y en el de Lurigancho se sancionó a los ejecutores directos después de las investigaciones realizadas por la Justicia militar durante el primer gobierno de García.

Sin embargo, el año pasado se reabrió el proceso penal contra once militares de la Marina de Guerra por la supuesta comisión del delito de asesinato por explosión en los incidentes de El Frontón, donde ocurrieron los hechos más graves.

Actualmente, la fiscal superior de Derechos Humanos, Luz Ibáñez, estudia una petición para que Alan García sea incluido como inculpado en este proceso ya que, según el Instituto de Defensa Legal, en el expediente del caso existen testimonios y documentos para que sea procesado como autor intelectual.