lunes, marzo 12, 2007

POLÍTICA Y EDUCACIÓN: La Antipolitica. La negación de los Partidos. El “Independiente”

Por: Alan García

Como hemos advertido al estudiar el periodo anterior (1970 – 1990), la política organizada e ideológica está en retroceso. La población ha dejado de tener fe en el Estado y en las organizaciones políticas preestatales, como los partidos. La población se organiza en instituciones prácticas y segmentarias, para finalidades concretas y casi inmediatas. Ese era el proceso ya iniciado. Pero desde 1990, dos fenómenos se añadieron a esa tendencia fortaleciéndola por los siguientes diez años.

En primer lugar, el gobierno dictatorial subrayó la incapacidad o insuficiencia de los partidos políticos y de la política, afirmando la eficiencia del Libre Mercado y la capacidad operativa y casi militar de un régimen vertical, sin opinión en contra. Además, la captura del jefe terrorista mostró la decisión y celeridad del régimen, lo que también se probó al revincular la economía peruana con las finanzas internacionales. Según la propaganda oficial, vertida entusiastamente por los periodistas que sostuvieron a la dictadura, los partidos eran responsables de los problemas, del agotamiento del ciclo anterior, del desempleo, del terrorismo, de la corrupción, etc. Y ello conjugó a la población a reforzar su actitud de negación y antipolítica.

No era claro, la primera vez que un régimen autoritario decretaba la muerte de los partidos y el fin de la política. Pero ahora, un factor, antes desconocido, vino a dar enorme fuerza a la Antipolítica, a la negación de los partidos. Fue la revolución de la información que estaba ya impulsando la ampliación del mercado mundial el nacimiento de una cultura de contenidos mundiales que en todos los países puso en cuestión a las ideologías y las organizaciones.

Porque como consecuencia del impulso tecnológico de la información, de la difusión de los teléfonos celulares, del internet personalizado y del aumento noticioso a través de los satélites, la información es hoy, mucho mayor que hace 10 años, pero también lo es la influencia de esa información en cada ser humano. Cada individuo está en comunicación directa con la noticia, con la información comercial y productiva, con la información cultural y educativa. Eso tiene una consecuencia fatal para la política organizada y masiva. Así como en el siglo XVI el derecho a la libre interpretación de la Biblia por cada uno, proclamada por Martín Lucero, disminuyó el rol intermediario de la Iglesia y de los sacerdotes que antes eran los únicos lectores posibles de la Biblia, y echó las bases del individualismo después democrático; así también ahora, el contacto directo con las noticias y la información inmediata tiene dos efectos aún en las sociedades de bajo nivel económico como el Perú. De un lado, produce un rechazo a toda organización cerrada, ideología completa o conducta ritual pues el ciudadano evita todo intermedio entre él y la realidad que él mismo puede interpretar. Pero en segundo lugar ese “estar comunicado” que podría caracterizar al ser de este tiempo como “homo comunicandis” le da una percepción del espacio y del tiempo de carácter instantáneo y ubicuo.
Share on :

1 comentarios:

Nilopiense dijo...

ALAN GARCÍA… CARTA ABIERTA A UN GENOCIDA

Señor Alan García Pérez, con el respeto que se merece (el mismo que Mr. Bush) le pido que deje el Perú (o lo que queda de esta debilitada y resquebrajada república) y tome el primer vuelo que encuentre a París, para reunirse con su gran compadre don Chirac y disfrute de su lujosa vida en su casa parisina (valorizada en más de un millón de dólares y localizada en la calle más lujosa de París) que posee gracias al gobierno más corrupto que existió en el Perú (1985-90) y del cual fue su principal protagonista.

La decisión no la debe tomar porque este humilde peruano se lo proponga, sino porque el país no quiere seguir pagando sus lujos y aceptando sus canalladas, se despierta ahora un sentimiento que busca JUSTICIA, que reconoce a los apátridas como Ud., a los ladrones como Ud. y a los genocidas como Ud.
Así es, JUSTICIA, para que Ud. pague por las violaciones a los derechos humanos durante su primer gobierno, estoy seguro que las recuerda cada mañana antes de desayunar, como el asesino suele recordar a su víctima en sus momentos finales, pero si este no fuese el caso, y la memoria de Ud. es como su honestidad, recordemos pues, unos cuantos logros de su primer gobierno a continuación:

El 28 de julio de 1985 el flamante presidente Alan García en su discurso inaugural, refiriéndose al problema de la violencia política en el país sostuvo enfáticamente que su gobierno no combatiría la barbarie con la barbarie. Insurgía así contra una política antisubversiva condenada desde diferentes sectores por su permanente recurso a prácticas ilegales y violatorias de los derechos humanos.
Accomarca y Pucayacu

A los quince días de instalado el nuevo gobierno, el 14 de agosto de 1985, como respuesta a una serie de emboscadas senderistas (efectuadas por el grupo terrorista sendero luminoso), se pone en práctica la "Operación Huancayoc". Así, un contingente del Ejército comandado por el subteniente Telmo Hurtado, atacó la aldea de Accomarca en el departamento de Ayacucho. 69 campesinos murieron durante el ataque, incluyendo algunas mujeres y niños.
Antes, el 7 de agosto, cinco hombres y dos mujeres que habían sido detenidos en un operativo militar fueron llevados a la zona de Pucayacu en un camión del Ejército por un contingente al mando del teniente De la Cruz Salcedo. LOS DETENIDOS FUERON ASESINADOS CON DISPAROS EN LA NUCA.
La matanza de los penales

El 17 de junio de 1986, tiene lugar por primera vez en Lima, un Congreso de la Internacional Socialista. Aprovechando esta circunstancia, presos senderistas de Lurigancho, El Frontón y Santa Bárbara (cárcel de mujeres) tomaron rehenes, se apoderaron de sus pabellones y anunciaron su decisión de no rendirse, hasta obtener la plena satisfacción de sus demandas.
A las cuatro horas de haberse tomado al primer rehén, el Presidente García convocó una reunión del Consejo de Ministros en Palacio de Gobierno, en la que participaron los jefes de las instituciones militares. Allí se tomó la decisión de entregar al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas el control de los penales en procura de establecer la calma lo más rápido posible.
En la cárcel de mujeres la Guardia Republicana recuperó el control del penal relativamente rápido. Demolieron una pared y lanzaron gases lacrimógenos y paralizantes. En dos horas los rehenes fueron liberados quedando dos internas muertas.
Mientras tanto, en El Frontón había sido declarado zona militar restringida. Luego la marina atacó militarmente el Pabellón Azul usando armas de guerra y luego con la ayuda de un helicóptero echaron abajo las paredes. Murieron 3 miembros de las Fuerzas Armadas, uno de los rehenes y 135 PRISIONEROS.
A Lurigancho llegó el escuadrón Llapan Atic de la Guardia Republicana que colocó explosivos alrededor de la pared exterior del Pabellón Industrial donde los senderistas tenían al rehén. A las tres de la mañana los senderistas se rindieron. Horas más tarde los 124 senderistas que ocupaban el edificio estaban muertos; habían sido asesinados, UNO A UNO, DE UN TIRO EN LA NUCA.
En los días o meses siguientes nada significativo se hizo por determinar lo sucedido y sancionar a los responsables. Sólo un año después se logró que empezara a actuar una Comisión Investigadora del Congreso. La Comisión realizó un amplio, riguroso y severo proceso de investigación de lo sucedido, lo que permitió una reconstrucción de los hechos verdaderamente detallada y escrupulosa. Se demostró que la información proporcionada al país era distorsionada. Igualmente se probó que las autoridades gubernamentales y los mandos militares impidieron y limitaron ilegalmente la actuación de las autoridades judiciales y del Ministerio Público.
Encontró, asimismo, que el gobierno dio órdenes que trajeron como consecuencia un injustificable número de muertes. Ello, cuando el Presidente pidió debelar los motines en el plazo más breve y perentorio, sin existir ninguna razón que obligara a actuar con excesiva premura. Se estableció, por otro lado, que la fuerza militar utilizada en el ataque a los amotinados fue desproporcionada e innecesaria en relación al peligro realmente existente. Sólo en el caso de El Frontón los internos tenían tres armas de fuego, en los otros dos penales carecían de ellas. En cambio las fuerzas encargadas de reducir a los internos utilizaron fusiles, ametralladoras, lanzacohetes, bazucas, cañones de 81 milímetros, explosivo plástico y dinamita.
El Informe confirmó que las fuerzas encargadas realizaron ejecuciones extrajudiciales.
Además se pretendió encubrir los delitos realizados por las fuerzas del orden. El propio presidente García felicitó al Comando Conjunto de la Fuerza Armada; asimismo prohibió el ingreso de los jueces y civiles, declarando 'zonas militares restringidas' a los penales. La denuncia sobre lo sucedido, hecha luego de los sucesos por el Presidente se refirió exclusivamente al caso de Lurigancho, pese a que se conocían ya los hechos ocurridos en los otros penales.
Sin embargo primó la impunidad. La Corte Suprema argumentó que por tratarse de hechos ocurridos en el marco de una zona militar restringida tenía que inhibirse de ver la causa y decidió su traslado a la jurisdicción militar. En el caso de Lurigancho sólo se encontró responsabilidad en dos oficiales subalternos de la Guardia Republicana, absolviéndose a los demás acusados. No sólo eso, sino que el Senado ascendería tiempo después al General José Rabanal Portilla, Jefe Militar encargado del motín de Lurigancho, al más alto rango militar.
El círculo de impunidad se cierra en noviembre de 1990, ya durante el régimen de Fujimori, cuando la Cámara de Diputados con una precaria mayoría conformada por el APRA y el movimiento Cambio 90 obtuvo 80 votos contra y 75 a favor de la acusación constitucional contra Alan García.
A callar Cayara

El 13 de mayo de 1988, un contingente de Sendero Luminoso tendió una emboscada a un convoy militar de 20 efectivos en Erusco, provincia de Cangallo, Ayacucho. En el combate resultaron muertos cuatro senderistas, un capitán del Ejército y tres soldados. Al día siguiente el Ejército ingresó en Cayara, la localidad más cercana a Erusco. El contingente militar asesinó al primer habitante que encontró; luego llegó a la iglesia del poblado, donde encontró a cinco hombres que estaban desarmando el tabladillo en donde se había celebrado una fiesta religiosa y LOS FUSILÓ EN EL ACTO. Luego reunió a la población en la plaza principal, esperando a que los hombres volvieran del trabajo en el campo. Los hombres y jóvenes fueron separados de las mujeres y niños y en presencia de éstos, los soldados obligaron a los hombres a acostarse y LOS MATARON, UNO POR UNO, UTILIZANDO BAYONETAS E INSTRUMENTOS DE LABRANZA. El número total de víctimas se ha establecido entre 28 y 31 personas. Acto seguido, los soldados enterraron a los muertos en un lugar cercano.
Una Comisión viajó a Cayara solo un mes después de los hechos y durante los tres días de su estadía en Ayacucho se dedicó fundamentalmente a dialogar con los jefes militares, eludiendo comunicarse directamente con los testigos. Dijeron también: "(Los de Amnistía Internacional) son imbéciles y corruptos porque están diseminando por el mundo que el Perú es un país de genocidas y eso no se hace; eso es una impostura".
Entre tanto el fiscal Carlos Alberto Escobar quien, pese a las dificultades que la situación tenía, avanzó significativamente en la investigación de los sucesos, fue permanentemente hostilizado por las Fuerzas Armadas, así como por el senador Melgar. Finalmente fue retirado del caso por sus superiores y ante persistentes amenazas de muerte al punto que se vio obligada a buscar asilo en el extranjero. La persecución contra los testigos fue sistemática. NUEVE DE ELLOS FUERON ASESINADOS. La última fue la enfermera Marta Crisóstomo García, quien fue sacada de su casa en septiembre de 1989 por ocho hombres, se trataba pues, del heroico "Comando Rodrigo Franco".
La aparición de los paramilitares

Una de las herencias más nefastas del régimen de Alan García fue la aparición de los grupos paramilitares en el país, que contaron con tolerancia gubernamental. Aunque ya había algunos indicios de su existencia, su primera acción significativa fue el 28 de julio de 1988 con el asesinato de Manuel Febres, abogado defensor del líder senderista Osmán Morote, por parte de un autodenominado "Comando Rodrigo Franco".
El Comando Rodrigo Franco fue el principal gestor de este nuevo tipo de violencia política que se concretó en amenazas de muerte, atentados y asesinatos selectivos. Aparecieron también otras bandas similares de ámbito más bien local "Comando de Aniquilamiento a Senderistas" en Cusco; "Comando Chavín" en Ancash: "Comando Haya Vive". "Comando Regional de Aniquilamiento Manuel Cipriano" en Trujillo: "Comando Braulio Zaga Pariona". "Pelotón Punitivo Peruano" y "Aguilas Negras" en Ayacucho.
Uno de los crímenes que más impactó a la opinión pública y que según todos los indicios fue cometido por los grupos paramilitares fue el del secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú, Saúl Cantoral. Otro asesinato político que se le atribuye al Comando Rodrigo Franco, fue el del diputado de la Izquierda Unida, Eriberto Arroyo Mío.
No les gustaban los estudiantes

Entre los casos más crueles de esta nueva forma de violencia en el país, se puede mencionar los que se cometieron contra estudiantes universitarios.
Uno de los casos más graves fue el de dos estudiantes de la Universidad Católica, Luis Alberto Alvarez Aguilar y José Abel Malpartida Páez, cuyos cuerpos destrozados fueron hallados el 28 de julio de 1989, en un descampado cerca a la playa de San Bartolo, 53 kilómetros al sur de Lima.
Otro caso similar ocurrió el 12 de abril de 1990, cuando los cadáveres de Oswaldo Haro Castillo de 26 años y Jorge Manuel Silva Seminario de 25, ambos estudiantes de medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fueron encontrados en el interior de una acequia de regadío, en la Hacienda Caballero, al noreste de Lima. Habían desaparecido seis días antes cuando salieron de sus domicilios con la finalidad de dirigirse a su centro de estudios.
Los enfrentamientos sin heridos

Otra forma de violación a los derechos humanos, fue la de rematar a los heridos luego de enfrentamientos armados con grupos subversivos. El principal indicio de ello provino de los propios comunicados militares, en donde se consignaban para estos enfrentamientos un altísimo número de muertos y ninguno o muy pocos heridos.
Un caso muy notorio fue el acontecido durante el enfrentamiento del Ejército con una columna del MRTA en la zona de Los Molinos, en Junín, en la madrugada del 28 de abril de 1989, cuando efectivos militares se toparon con una columna del MRTA que, oculta en dos camiones, se dirigía a Concepción. El resultado final de la acción arrojó como saldo la muerte de los 62 ocupantes de los camiones y seis miembros de las Fuerzas Armadas. No quedó un solo herido o capturado. Entre los cadáveres habían ancianos, mujeres y niños.
Al lugar de los hechos y para felicitar a los responsables del operativo viajó el propio presidente García quien se paseó entre los cadáveres.
Barbarie y fracaso

Un balance global de lo ocurrido en esos cinco anos, en materia de derechos humanos, nos indica que la detención y desaparición forzada de personas se convirtió en un recurso sistemático de la estrategia antisubversiva. Por su lado las ejecuciones extrajudiciales salieron de las zonas de emergencia bajo control militar y comenzaron a repetirse, de manera cada vez más sistemática en otros lugares del país. Surgieron los grupos paramilitares que, estuvieron vinculados a sectores del Partido Aprista y a miembros de las fuerzas de seguridad.
El costo fue, para el Perú, demasiado alto. El número de muertos por razones directamente vinculadas a la violencia política llegaban en 1990 a cerca de veinte mil. El costo económico de la violencia y del esfuerzo fallido por acabar con ella, fue estimado conservadoramente para la década en veinte mil millones de dólares, equivalentes al total de la deuda externa del país. Veinte mil millones de dólares para mantener este status quo; veinte mil millones de dólares, ¿para que los peruanos vivamos así?
Quiero culminar la presente, con una frase que resume la actuación de Alan García: "Hizo lo que dijo que no iba a hacer, porque al comienzo pensaba que si lo hacía iba a fracasar; al final, lo hizo y, ¿fracasó?, NO, el genocida continua libre, es presidente nuevamente, pero ya le tocará sentir lo que sintieron los miles de miles de asesinados impunemente"…
¡¡SOLO PEDIMOS JUSTICIA!!...
El demagogo García anuncia ahora pena de muerte para los violadores de menores de edad, pero nosotros sabemos quien merece tal muerte.
Enzo Velazco Herrera

 
© Copyright A.P.R.A. | 1924 - 2022 | APRA - Some rights reserved | Powered by Blogger.com.
Developed by ORREGO-wmb | Published by Borneo Templates and Theme4all