Por Juan Carlos Tafur
Ha hecho muy bien el presidente García en dejar en claro que el tratamiento que se le dará a Fujimori corresponderá al que una democracia debe darle a cualquier ex gobernante acusado de delitos de corrupción o de violaciones a los derechos humanos. No se trata de que los políticos, sean ex presidentes, ministros o congresistas, tengan privilegios cuestionables sobre cualquier otro ciudadano. Si la ley contempla una serie de prerrogativas para ellos, es precisamente porque su condición resulta propicia para que se puedan cometer excesos o que las pasiones primen sobre las razones.
Resulta absurdo, en ese sentido, el recurrente argumento de algunos políticos o analistas respecto de que mal puede reclamar un trato procesal justo quien se encargó de arrasar con cualquier tipo de independencia judicial.
Se trata justamente de todo lo contrario. Aun si estuviésemos ante un dictador sanguinario, criminal descarado o corrupto desembozado (y en ese sentido Fujimori dista mucho, pues, de ser la caricatura que sus adversarios quieren endosarle, comparándolo con Pinochet, Ceaucescu o Suharto), la democracia debe marcar claramente la diferencia entre civilización y barbarie.
Así como se advertía que en la lucha contra el terrorismo, el Estado debía evitar caer en la tentación de la ley del Talión y subrayar su superioridad moral respecto del enemigo, en el caso Fujimori se suma al tema estrictamente judicial el proceso político que merece. Y dicho ajuste de cuentas político sólo se podrá realizar a cabalidad si se guarda la pulcritud más extrema en el trato procesal que sobrevendrá.
Finalmente, hablamos de un asunto de formas. Por ende, a nadie debería alterar ni poner histérico, como ya ocurre con algunos que, por ejemplo, quieren ver en el hecho de que no se le haya mostrado esposado la “contundente demostración” del contubernio apro-fujimorista (¿?).
Y, dicho sea de paso, sobra decir que el mismo respeto se deberá extender al Poder Judicial. El linchamiento mediático que algunos magistrados sufrieron por el “atrevimiento” de fallar en algunos procesos anticorrupción en sentido distinto al, dizque, furor moralizador, no debe repetirse.
Todo exceso favorecerá políticamente a Fujimori. Y si se cae en eso, pronto veremos –para su alborozo–, que la evaluación legal pasará a un segundo plano. Cierta izquierda quiere aprovechar esta oportunidad para relanzarse como una opción éticamente superior. Hace bien el gobierno en no prestarse a ese sainete.
Ha hecho muy bien el presidente García en dejar en claro que el tratamiento que se le dará a Fujimori corresponderá al que una democracia debe darle a cualquier ex gobernante acusado de delitos de corrupción o de violaciones a los derechos humanos. No se trata de que los políticos, sean ex presidentes, ministros o congresistas, tengan privilegios cuestionables sobre cualquier otro ciudadano. Si la ley contempla una serie de prerrogativas para ellos, es precisamente porque su condición resulta propicia para que se puedan cometer excesos o que las pasiones primen sobre las razones.
Resulta absurdo, en ese sentido, el recurrente argumento de algunos políticos o analistas respecto de que mal puede reclamar un trato procesal justo quien se encargó de arrasar con cualquier tipo de independencia judicial.
Se trata justamente de todo lo contrario. Aun si estuviésemos ante un dictador sanguinario, criminal descarado o corrupto desembozado (y en ese sentido Fujimori dista mucho, pues, de ser la caricatura que sus adversarios quieren endosarle, comparándolo con Pinochet, Ceaucescu o Suharto), la democracia debe marcar claramente la diferencia entre civilización y barbarie.
Así como se advertía que en la lucha contra el terrorismo, el Estado debía evitar caer en la tentación de la ley del Talión y subrayar su superioridad moral respecto del enemigo, en el caso Fujimori se suma al tema estrictamente judicial el proceso político que merece. Y dicho ajuste de cuentas político sólo se podrá realizar a cabalidad si se guarda la pulcritud más extrema en el trato procesal que sobrevendrá.
Finalmente, hablamos de un asunto de formas. Por ende, a nadie debería alterar ni poner histérico, como ya ocurre con algunos que, por ejemplo, quieren ver en el hecho de que no se le haya mostrado esposado la “contundente demostración” del contubernio apro-fujimorista (¿?).
Y, dicho sea de paso, sobra decir que el mismo respeto se deberá extender al Poder Judicial. El linchamiento mediático que algunos magistrados sufrieron por el “atrevimiento” de fallar en algunos procesos anticorrupción en sentido distinto al, dizque, furor moralizador, no debe repetirse.
Todo exceso favorecerá políticamente a Fujimori. Y si se cae en eso, pronto veremos –para su alborozo–, que la evaluación legal pasará a un segundo plano. Cierta izquierda quiere aprovechar esta oportunidad para relanzarse como una opción éticamente superior. Hace bien el gobierno en no prestarse a ese sainete.
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