La orden de Palacio: Inhabilitarlo.

• 
  

  

  Por Ricardo Fernandez Diaz

  
  

  A lo largo de su historia, el PAP ha sido perseguido y puesto fuera de la ley por sus enemigos políticos con algún pretexto. Hoy, es perseguido en nombre de la moralización. Ante tan supremo valor, cualquier defensa resultaría débil, impotente y absurda.

  Con el resplandor de esa moralización, se pretende enceguecer a la inmensa mayoría pobre del Perú para que no vea ni aprecie las obras del gobierno aprista, y echar de contrabando el proyecto de la reelección conyugal. Para desentrañar esa patraña urdida en palacio de gobierno, me veo obligado a escribir estas líneas precisando algunos conceptos.

  La democracia, es una forma de vida espiritual y la mejor manera que tienen los hombres para vivir en sociedad; como tal, debe ser la fuerza motriz que direccione todo el comportamiento social. Pero para sacarle el mejor provecho a las bondades que ella nos puede brindar, las sociedades tienen que establecer el espacio donde ejerce su dominio para no convertir a esta creación humana en un ente ideal, metafísico o esotérico, y por lo tanto diluido. Tal como ocurre con las leyes científicas, la democracia también debe tener su ámbito de aplicación cabal para ser útil.

  La democracia es un método para tomar decisiones dentro de una sociedad que comparte valores básicos, anteriores e independientes de ese método. Estos valores básicos son los que determinan si las decisiones adoptadas son buenas o no, los que dan legitimidad a las decisiones de la mayoría. La democracia dentro de ese marco de valores básicos, es el mejor método de decisión y, sin duda, la forma más inteligente de retirar o dar poder a los gobiernos. Pero la regla de la mayoría, por sí misma, no puede garantizar la calidad de las políticas adoptadas.

  De ahí que las sociedades civilizadas limiten en forma explícita el ámbito de actuación de sus gobiernos, parlamentos y el uso que los mismos pueden hacer de la regla de la mayoría a través de normas constitucionales. Una constitución es un documento redactado por hombres y mujeres. Por tanto, recoge de manera imperfecta ese conjunto de valores básicos que la sociedad comparte.

  A pesar de ello, en su movimiento evolutivo las sociedades han ido destilando ciertos principios presentes en la mayoría de las constituciones, con los que es difícil no estar de acuerdo; por ejemplo, el derecho a la privacidad y al secreto, la libertad de expresión, asociación y movimiento, la generalidad, igualdad y certidumbre de las leyes; el derecho a la propiedad, su transferencia por consenso y el cumplimiento de las promesas; la separación de los poderes y la limitación de las competencias que pueden ostentar tribunales, cuerpos legislativos y administraciones. Un conjunto de principios cuyo fin último es proteger la libertad del individuo.

  Centrándome en el último de estos principios, es evidente que la conformación de una megacomisión en el Congreso de la República con el único propósito de inhabilitar al Presidente García para poner en marcha la reelección conyugal burlando las formas, la legalidad y el debido proceso; excede groseramente a las atribuciones legales conferidas. Hacer más de lo que uno debe, podría parecer una falta dispensable cuando se hace en nombre de la democracia y al servicio de la búsqueda de la aspiración mayoritaria de los peruanos. Sin embargo, la violación del Estado de derecho por parte de una megacomisión, desmorona las bases en las que se asienta la convivencia social, introduce inseguridad jurídica y coarta la libertad individual.

  En realidad, hoy el Congreso de la República es una institución que cuenta con doce representantes del narcotráfico, uno de la minería ilegal, y uno o dos de las diversas mafias o poderes económicos que operan en el país. Gran parte de los congresistas de los partidos aliados del gobierno se han empeñado en ganar dinero a como dé lugar y en el menor tiempo posible. Además, una institución debilitada interiormente por los escandalosos actos de corrupción de muchos de sus miembros. Por lo tanto, no representa al pueblo e impedida de hablar en su nombre y en su defensa.

  Nueve de cada diez peruanos ve a los actuales congresistas como hombres depreciables que sólo se representan a ellos mismos, a sus amigos, sus queridas, sus familiares, a sus negocios y a sus cómplices. Socavado por esa honda crisis moral, el Congreso hoy es inapto para juzgar en nombre del pueblo, y cualquier investigación salida de ahí, esta desacreditada y carente de valor.

  Por eso, a estas alturas es indispensable analizar la entidad y la naturaleza de la megacomisión para valorar el mérito de su actuación. La conformación de un grupo parlamentario para ver sancionados a quienes supuestamente cometieron latrocinios en el ejercicio de la función pública, a todos entusiasma y cuenta con el apoyo mayoritario; pero cuando descubrimos que antes de haber investigado ya tenían al culpable y que lo único que buscaban era el pretexto para acusarlo; esa conformación resulta malévola, perversa y malsana que deslegitima su existencia. Sería erróneo considerarlo una entidad encaminada a moralizar la vida pública del país.

  Es verdad que la investigación de hechos de interés público sustenta la existencia de la megacomisión. Pero aquí hay que distinguir entre investigación y vejación para utilizarlo como distractivo político permanente a quien pone en riesgo el proyecto político de la reelección conyugal tramado en oscuro pacto con los sectores corrompidos de la fuerza armada.

  Por ser importante, la megacomisión tuvo su momento de credibilidad, pero cuando fue de público conocimiento que filtraron documentos a los medios de comunicación sin que la persona investigada haya sido citada por hechos que nunca fueron puestos en su conocimiento. Que jamás se le informó sobre los hechos imputados, las circunstancias que lo vincularían a ellos ni las presuntas normas infringidas. Por todo ello, se perdió la credibilidad al comprobarse que la actuación de sus integrantes contravino las garantías mínimas del debido proceso y puso al descubierto el verdadero propósito de la supuesta investigación: inhabilitarlo, enlodando sus obras y su figura.

  La Constitución de 1979 firmada por Haya de la Torre y por cuyos valores juro el actual mandatario, señalaba explícitamente que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y el Estado, quedando este último en la obligación de ampararlo y protegerlo ante los excesos del poder. La Constitución de 1993, faculta al Congreso de la República a iniciar investigación sobre cualquier asunto de interés público; pero ella misma establece que el debido proceso es un derecho fundamental de la persona que por ningún motivo puede desconocerse.

  Con ello, ha admitido implícitamente que la actuación de los legisladores en algún momento puede salirse de los límites que la constitución misma ha establecido para preservar el Estado de Derecho propio de las sociedades civilizadas. Ante esa eventualidad y como mecanismo de protección, las personas quedan facultadas a interponer una acción de amparo ante la autoridad correspondiente cuando el derecho al debido proceso se vea afectado por cualquier autoridad o funcionario.

  En el Estado democrático constitucional, el Congreso de la República ya no es más el primer poder del Estado como lo fue en el siglo XIX: Este postulado significa que la independencia de los poderes implica el mutuo control, y que un Juez está facultado para exigir la restitución de los derechos allí donde han sido vulnerados. Esto, de ninguna manera significa la judicialización de la política ni que los jueces se asuman como los “nuevos señores del derecho” como interesadamente se pretende presentar, sino que garantiza a los ciudadanos el reino de la constitución y de los derechos fundamentales frente a la arbitrariedad y el abuso del poder, porque en un Estado de Derecho “no hay islas ni zonas liberadas y exentas del control jurisdiccional”.