NADINE HEREDIA: Entre la decencia y el odio.

Escribe c. Víctor Raúl Huamán Cárdenas.

A propósito de las declaraciones del Presidente de la República, en relación a la sentencia del juez Hugo Velásquez Zavaleta, sobre las irregularidades cometidas por la Megacomisión, surgen muchas conjeturas y suspicacias respecto de una conspiración desde Palacio de Gobierno como recurrente Política de Estado del actual mandatario.

 1. El gobierno nacionalista y sus representantes del Congreso, parten de la premisa que la Megacomisión del Congreso investiga, pero no enjuicia ni sentencia. Entonces, ¿que implica que se inhabilite a una persona constitucionalmente por una mayoría del congreso de nulo rango jurisdiccional? Es claro que se está atentando al derecho ciudadano que solo puede ser suspendido, según el Art. 33, numeral 3 de la Constitución por “SENTENCIA con inhabilitación de los derechos políticos”. Esta vertical decisión utilizada como arma de venganza, no política ni jurídica, es una sentencia siniestra que pretende “hacer justicia”, sin acusación y sin pruebas.

 2. En un escenario negado, en el cual el pleno del Congreso podría inhabilitar a Alan García, surge una interrogante post-tempore ¿Se le estaría sentenciando a Alan García? Claro que sí y sería sentenciado por el Congreso a no poder ejercer su derecho ciudadano de elegir y ser elegido. ¿Quiénes lo condenarían? Los parlamentarios que no son los indicados para impartir justicia según la Constitución.

 3. El señor Sergio Tejada miente cuando dice que el Juez Velásquez ha revelado su complicidad en la lucha contra la corrupción, consintiendo un “Sí a la Impunidad”, “que no se investiguen a Alan” o “Bloquéese las investigaciones de la Megacomisión”. El juez Velásquez, con su sentencia no niega que se notifique, que se interrogue o se investigue. Lo que ordenó desde el principio es el mismo derecho al que recurrió Javier Diez-Canseco, a cuya sentencia “entonces” el Parlamento se allano y cumplió: Se entiende que “A misma razón, igual derecho”, pero como hoy se trata de Alan García, entonces es un juez a quien se trata con el argumento de la calumnia y poder dar oxígeno a Sergio Tejada por incompetente e incapaz.

 4. El juez Velásquez tampoco se pronunció sobre la naturaleza de los delitos, ni la culpabilidad o inocencia, individual o colectiva, de los investigados por la Megacomisión. La alerta sobre los errores que cometía atropelladamente la megacomisión fue temprana en cuanto al procedimiento administrativo del Congreso (no jurídico) que debió ser extremadamente riguroso, sin embargo volvieron a infringir la Ley con el propósito de lapidar al opositor Alan García Pérez. No olvidemos que la función fundamental del Congreso es el de hacer leyes de carácter general y no por la naturaleza de las personas. Ese es el carácter doctrinario de la investidura parlamentaria y no el de inhabilitar con nombre propio a un ciudadano.

5. Desde un principio fue provocador que la presida un Congresista del partido de gobierno. Pese a sus antecedentes, la Megacomisión que le ha significado casi 12 millones de soles al país, ahora desea solicitar una prórroga al pleno para ver el caso individual de Alan García Pérez y concluir, a como dé lugar, la inhabilitación; es decir, una Comisión con nombre propio, o dicho de una manera más coloquial: A toda costa el Herodes Ollanta tiene que entregar a su amada Salomé Heredia, su obsequio en bandeja de plata.

 6. Otro argumento sostenido por el gobierno conyugal, es la invasión del fuero parlamentario por parte del Poder Judicial. La respuesta es elemental: Si el único organismo que imparte justicia es el Poder Judicial ¿Quién invade a quién? ¿Qué hace el Congreso invadiendo el fuero judicial?

 7. Acaba de ser maltratado públicamente el ciudadano Umberto Olcese Ugarte, acusado impunemente por el parlamentario Sergio Tejada, agregando que es aprista y parte de la cadena de corrupción del gobierno de Alan García Pérez. Se le acusó de haber destinado al paraíso financiero de Gran Caimán casi medio millón de dólares. El expuesto ciudadano Olcese ha tenido que explicar a los medios que el dinero fue producto de una venta de una propiedad familiar y su origen es legal. ¿A quién debe recurrir para salvaguardar su dignidad vulnerada? ¿Cabe la posibilidad de que el señor Tejada deba ser citado por la Comisión de Ética? Esto si se llama impunidad, amparada en la inmunidad parlamentaria.

8. Todo indica que existe una perversa persecución dirigida desde Palacio de Gobierno contra Alan García, que entre otras cosas denunció el peligro de un copamiento cubano-chavista, ante la enfermiza ambición de la señora Heredia al 2016. Es público que la cónyuge Heredia es el poder detrás del trono y la declaración de Ollanta contra el Poder Judicial, indudablemente configura un ataque deliberado contra el APRA y su líder Alan García Pérez sin pruebas. Siendo así, estamos ante una política de Estado que arrastra a todo el poder político y pone en riesgo la sucesión democrática.
9. El escenario perverso del gobierno es que la percepción de la opinión pública crezca contra Alan García ¿A quién debe recurrir el APRA y Alan García para que esto no continúe? ¿O se pretende debilitar la democracia y generar espacios propicios similares a la actual Venezuela? Acaso se ignora la complicidad de Palacio con la actual dictadura de Maduro?

CONCLUSIONES:

  En medio de esta nueva y deplorable presentación pública del Congreso Nacional y de Sergio Tejada en particular, hemos olvidado que la investigación debió ser parte de la lucha contra la corrupción objetivamente y sin zancadillas políticas, sin componendas, sin distorsionar o manchar dignidades. Ello requiere que sus integrantes muestren la necesaria moral y probidad pública, solo así se podrá apreciar resultados tangibles y no venganzas.
 
  Hoy la política gira en torno a Alan García y sus enemigos pretenden liquidarlo y difamarlo, anteponen a ello una investigación desde una consiente premisa culposa y con sed de venganza acumulada generacionalmente. Jamás le reconocerán virtudes pese a dirigir un periodo de gobierno exitoso. En tanto, la señora Heredia y su cónyuge, al final de su gobierno, solo podrán exhibir una gestión fallida y perdida en su intento de liquidar políticamente a Alan García.

  Los apristas somos y seremos defensores de la democracia y estamos preparados ante el autoritarismo así el VETO militar 1962 contra Víctor Raúl Haya de la Torre para impedir que asuma la Presidencia de la República, se repita hoy contra Alan García Pérez.