La bancada nacionalista quiere hacer y deshacer a su medida en el hemiciclo. |
Hace un mes, la Comisión de Constitución del Congreso aprobó un informe consultivo que determinaba que la sentencia del Tribunal Constitucional llamada Tineo Cabrera —que establece normas del debido proceso para toda investigación que se haga por parte del Estado— no se aplicaba en el Congreso.
Como si el Parlamento fuese una isla ajena al Perú, los congresistas nacionalistas han establecido que las sentencias del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional no se aplican en el Congreso. O sea que si mañana al Poder Ejecutivo se le ocurre decretar lo mismo, la alcaldía tal, el gobierno regional cual o el Perú entero dejan de ser un estado unitario.
Pero en su increíble incoherencia, quizá motivado por esa bancada vergonzosa y por el escaso nivel neuronal de los congresistas oficialistas aunado a profundos déficits de comprensión y lectoescritura, el Congreso acaba de aprobar que en cuanto al caso de Javier Diez Canseco sí se debe obedecer al Poder Judicial y el TC.
Y resulta que el Poder Judicial se ha pronunciado en el caso de JDC a través del Quinto Juzgado Constitucional, el mismo que amparó a Alan García por las violaciones al debido proceso y con los mismos argumentos. Aunque, claro, en este último caso no quieren aplicarlo: lo ancho para mí, lo angosto para los demás.
Un Parlamento que actúa así —incoherentemente—, de acuerdo con el color del investigado, deja de ser un ente respetable, se convierte en mojiganga y termina dejando a la democracia en una mera caricatura.
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