Por Juan Paredes Castro
La presión social que buscan ejercer algunas cúpulas gremiales contra el Gobierno, lejos de tener todas las de ganar podrían tener todas las de perder.
Partimos del hecho de reconocer que tienen reclamos justos que plantear, dentro de la obligación de las autoridades del Estado de escucharlas y de discutir con ellas las soluciones más realistas y viables.
Lo que pasa es que la manera como están conduciendo su trato con el Gobierno, colocando el recurso de la violencia por delante de cualquier posibilidad de diálogo, es un arma de doble filo. Más de una vez el Gobierno se vio en la necesidad imperiosa de ceder. Pero hoy en día, con todo lo que ha aprendido en el camino, ya no tiene la intención de hacerlo más bajo la misma fórmula.
Pensamos que ha llegado el momento en que negociaciones con machetes sobre la mesa como en Tocache no pueden funcionar. Ni menos con cocaleros ilegales. Tampoco el Gobierno puede prestarse a abrir canales de conciliación a gremios que concurren a la mesa de diálogo con una amenaza de huelga al costado, como lo hace la federación minera.
El Gobierno, con solo mantenerse firme y paciente, puede ganar cada partida. El problema sobreviene para las cúpulas sindicales y para las autoridades municipales y regionales que creen que los bloqueos de carreteras y los paros violentos pueden convertirse en una carta de negociación eficaz y permanente.
Por lo que estamos viendo ahora, el Gobierno busca capitalizar el desgaste sindical en manifestaciones violentas mediante ofertas de diálogo mejor construidas.
Este avance hacia un nuevo escenario de entendimiento entre el Gobierno y las dirigencias gremiales podría paralelamente desinflar el ímpetu político desestabilizador que el Apra ve en el humalismo nacionalista, al que acusa de estar detrás de las manifestaciones violentas. Si esto fuera cierto, el humalismo nacionalista estaría igualmente frente al riesgo de perder soga y cabra en el terreno social, junto con cúpulas gremiales que, al no lograr poner al Gobierno contra la pared, saben que más temprano que tarde terminarán perdiendo credibilidad y representatividad.
Pero no estamos en una batalla que persiga tener ganadores y perdedores. La batalla laboral y social tiene que darse en mesas de concertación en las que la voz y la decisión del Gobierno es tan importante como la de los interlocutores realmente representativos de las comunidades.
Hace falta, claro, que no sea siempre Jorge del Castillo quien saque las castañas del fuego.
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