A mediados de esta semana, el presidente García reiteró la vocación de su gobierno a favor de políticas redistributivas en beneficio de los pobres, señalando a su vez que esta decisión se fortalece gracias a la buena situación de la economía peruana.
Un contexto macroeconómico provechoso no se traduce necesariamente en beneficios inmediatos para el pueblo, aun cuando sin cifras positivas es imposible una elevación de la calidad de vida de las mayorías. Al respecto es interesante recordar la frase de un dictador brasileño, quien en pleno auge del llamado “milagro económico”, marcado por cifras de crecimiento del PBI, entre 8 y 9 por ciento anual, afirmó con cierta ingenuidad: “La economía va bien, el pueblo está mal.”
Cuando hablamos de “economía” nos referimos al constante crecimiento del PBI, que supera el 6 por ciento; el incremento de exportaciones con valor agregado, los mayores ingresos tributarios, las tasas limitadas de inflación, el prudente manejo manteniendo los equilibrios macroeconómicos. Sin embargo, todo esto con ser positivo no implica una inmediata elevación en la calidad de vida de las masas populares.
Si las autoridades gubernamentales no hacen nada a favor de una mejor distribución de la riqueza que se genera con el crecimiento, nuestros problemas sociales se agravarán. La razón es clara: la sociedad peruana se caracteriza por sus profundas desigualdades étnicas, culturales, económicas y regionales, de modo que si no llevamos a cabo un esfuerzo redistributivo se robustecerán las estructuras de la desigualdad y la marginación.
Es en este sentido que debemos entender las palabras del Presidente a favor de la vocación social del Apra y el interés del Gobierno en este asunto. El mercado es el mecanismo más eficaz para producir riqueza, pero es imposible negar que su lógica tienda a reforzar las desigualdades, por tanto, le corresponde al Estado –gracias a las políticas sociales– contribuir de manera decisiva a corregir este tipo de situaciones e impulsar una mayor equidad.
Incumbe a la acción directa del Estado apoyar la educación, los programas alimentarios, la capacitación de trabajadores, los subsidios directos –en especial a las madres y los niños marginados–, al igual que promover programas de salud materno-infantil y de planificación familiar.
Es esencial darle una clara dimensión humana y social al crecimiento de la economía.
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