viernes, marzo 09, 2007
La Célula Parlamentaria Aprista presentará al Congreso un proyecto de ley para inhabilitar temporalmente de contratar con la administración pública a los proveedores, postores, contratistas y entidades que tengan multas por transgredir el proceso de contrataciones y adquisiciones del Estado.
Así lo anunció el vocero de la bancada del Apra, Javier Velásquez, quien refirió que muchas empresas que habiendo sido multadas continúan participando en los procesos de contrataciones y compras del Estado sin que ello sea causal de inhabilitación por parte del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (CONSUCODE).
"La propuesta busca solucionar dicha problemática a través del establecimiento de una sanción administrativa que inhabilite temporalmente, por un periodo de entre tres meses a un año, a quienes han sido merecedores de una multa por no cumplir con el procedimiento de contrataciones y adquisiciones del Estado", manifestó.
Velásquez Quesquén expresó que muchas veces las empresas que toman parte en una licitación prometen cosas para ganar la buena pro pero luego no cumplen con lo ofertado, y simplemente son sancionadas con multas lo cual evidentemente afecta a los otros competidores y perjudica al Estado.
Asimismo, la iniciativa legal busca salvaguardar los recursos públicos en la ejecución de obras, adquisición de bienes y contratación de servicios. "Si hubiera existido una norma de esta naturaleza empresas que ahora están cuestionadas no hubieran podido participar en los procesos de licitaciones que lleva adelante el Estado en el marco del shock de inversiones", argumentó.
Así lo anunció el vocero de la bancada del Apra, Javier Velásquez, quien refirió que muchas empresas que habiendo sido multadas continúan participando en los procesos de contrataciones y compras del Estado sin que ello sea causal de inhabilitación por parte del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (CONSUCODE).
"La propuesta busca solucionar dicha problemática a través del establecimiento de una sanción administrativa que inhabilite temporalmente, por un periodo de entre tres meses a un año, a quienes han sido merecedores de una multa por no cumplir con el procedimiento de contrataciones y adquisiciones del Estado", manifestó.
Velásquez Quesquén expresó que muchas veces las empresas que toman parte en una licitación prometen cosas para ganar la buena pro pero luego no cumplen con lo ofertado, y simplemente son sancionadas con multas lo cual evidentemente afecta a los otros competidores y perjudica al Estado.
Asimismo, la iniciativa legal busca salvaguardar los recursos públicos en la ejecución de obras, adquisición de bienes y contratación de servicios. "Si hubiera existido una norma de esta naturaleza empresas que ahora están cuestionadas no hubieran podido participar en los procesos de licitaciones que lleva adelante el Estado en el marco del shock de inversiones", argumentó.
